Las políticas anticorrupción que plantea Keiko Fujimori en su plan de gobierno

La lucha anticorrupción es un eje transversal a todos los pilares estratégicos propuestos en el plan de gobierno de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, según se señala en dicho documento. En dicho eje, se plantean cambios para revertir los factores que afectan la confianza en el sistema de justicia del país.

En el plan de gobierno se señalan como factores que afectan la confianza en el sistema de justicia: la poca predictibilidad de sus fallos, poca transparencia en los procesos, falta de acceso al sistema de justicia de manera oportuna, demora sustancial en los procesos judiciales por la sobrecarga judicial, incumplimiento de plazos, entre otros.

Para cambiar esta realidad, Fujimori propone:

-Irrestricto respeto de los otros poderes del Estado al sistema de justicia, con el fin de que sus procesos se desarrollen de manera independiente.

-Culminar el proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal, para lo cual se requiere la unión de esfuerzos. Se deben desplegar acciones que apunten al sostenimiento del nuevo marco procesal penal, que implican el respaldo del Ejecutivo. Entre estas se encuentran la implementación de salas de audiencia y del sistema digital para las carpetas fiscales y expedientes, y para las entrevistas con los magistrados. Esto permitirá que el ciudadano acceda en tiempo real a los actuados y conozca el estado de su proceso.

-Para afrontar el problema de la excesiva carga procesal de juzgados y salas, deben desplegarse esfuerzos que se ajusten en la línea de respeto del debido proceso y que permitan descongestionar la carga procesal a través de la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos y la celeridad en el trámite judicial.

-Fortalecer los avances en digitalización y TIC, por ejemplo: el intranet en el Poder Judicial, Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), sistema de emisión de antecedentes penales, sistema de remates virtuales, expediente judicial electrónico, casilla electrónica. Ampliar el ámbito de aplicación de estos avances, a nivel nacional y lograr que involucren todas las materias del sistema de justicia.

-Permitir que las partes en un proceso penal accedan a la información sobre el estado de los expedientes, lo que en la actualidad se limita a materias civiles, comerciales y laborales. Además, se debe implementar el sistema de entrevistas para obtener información vía telefónica o digital.

-Implementar una plataforma digital de acceso seguro a las partes procesales, que hagan más célere el seguimiento de los diferentes procesos que se siguen en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

-Además de designar a un abogado de oficio a una persona que carece de los recursos para contratar una defensa, el Estado realizará el seguimiento a esta defensa para asegurarse de que sea ejercida de manera idónea: el abogado debe hacer suyo el caso, conociéndolo al detalle y defendiendo los intereses de su patrocinado.

-Implementar las recomendaciones que se proponen desde los organismos internacionales como la OCDE, el Sistema de Naciones Unidas y la OEA, para la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

-Fortalecer el Sistema Nacional de Control, al restituir el rol sancionador de la Contraloría General de la República, en un marco que promueva y facilite una gestión pública innovadora, moderna, eficaz y eficiente. Se debe ser implacable para sancionar a los funcionarios públicos que cometan faltas o delitos, pero también se necesitan medidas como el control concurrente que coadyuven en una toma de decisión segura y eficaz para el funcionario.

-Crear un sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas, y declaraciones juradas de intereses bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, con la finalidad de centralizarlas, tener la capacidad de realizar la trazabilidad de la información obtenida y sancionar según corresponda.