Mirian Morales, sería la presidenta del Consejo de Ministros. (Foto: El Peruano)
Mirian Morales, sería la presidenta del Consejo de Ministros. (Foto: El Peruano)

El pasado 17 de octubre el despacho del primer ministro Vicente Zeballos recibió el lnforme de Auditoría 017-2019-2-0276, un documento elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Despacho Presidencial, mediante el cual se encuentra presunta responsabilidad administrativa en Mirian Maribel Morales Córdova, secretaria general del Despacho Presidencial y mano derecha del presidente Martín Vizcarra. Esto debido a observaciones encontradas en la obra de rehabilitación y mejoramiento del comedor y la cocina central de Palacio de Gobierno.

Junto a Miriam Morales, Contraloría también detectó presunta responsabilidad administrativa en otros cuatro funcionarios de Palacio de Gobierno. Se trata de Luis Alberto Cóndor Idrogo, exdirector de la Oficina de Operaciones y actual Director General de la Oficina General de Administración; Analí Ysabel Vásquez Motta, exdirectora General de la Oficina General de Administración; Luis Alberto León Flores, Director de la Oficina de Operaciones; y Pedro Pablo Angulo de Pina, director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

La remodelación del comedor de Palacio: Los hechos

La empresa MLE Contratistas Generales SA inició la rehabilitación y mejoramiento del comedor y la cocina central durante el periodo 1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2019 por poco más de S/ 2 millones.

Según menciona el informe, el 19 de diciembre del 2018 la empresa MLE Contratistas Generales SA culminó la obra y solicitó se programe la recepción de la misma al Despacho Presidencial. Tras esto, el 4 de marzo un Comité de Recepción de Obra designado decidió no recepcionar la obra debido a que “el contratista mantenía observaciones sin levantar".

Ante tal situación, el comité, que se negó a recepcionar la obra, solicitó al director General de la Oficina General del Administración del Despacho Presidencial que se pronuncie sobre las observaciones y que le otorgue al contratista el plazo correspondiente para subsanar dichos problemas.

Miriam Morales, la secretaria general del Despacho Presidencial, “emitió la resolución 020-2019-DP/SG de 18 de marzo del 2019, resolviendo que la Oficina General de Administración notifique y suscriba el acta de recepción de obra”. Tras dicho documento, el mencionado funcionario, junto a otros dos más, suscribieron la recepción de la obra para proceder a la liquidación. Miriam Morales, secretaria general, solicitó a la Oficina de Operaciones que se encargue de gestionar la liquidación de la obra, según señala el informe.

¿Cuáles eran las observaciones?

Según los hallazgos de Contraloría, el equipamiento y mobiliario instalado en la cocina y comedor de Palacio de Gobierno debió tener un valor aproximado de S/ 208 mil, según los requerimientos técnicos especificados en el concurso público. Sin embargo, los equipos y mobiliario que instaló la empresa solo están valorizados en S/ 110 mil

“Este equipamiento y mobiliario instalado no cumple con las características requeridas, afectando la finalidad de la contratación, al permitir la instalación de bienes distintos a los requeridos y de menor costo y que no se cuenta con la documentación técnica completa, ocasionando un potencial perjuicio económico a la Entidad por S/ 98,825.58”, señala el documento.

Por otra parte, Contraloría también halló que, al inicio de la obra, no se evidenció que el contratista haya presentado “la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual durante el periodo de ejecución contractual”. Además, la póliza todo riesgo construcción (CAR) "recién fue presentada por el contratista el 19 de setiembre del 2018, es decir 29 días después de iniciada la obra.

“Al término de la obra, se mantuvo sin vigencia durante 78 días hasta el 19 de marzo del 2019, fecha en que se recepcionó y otorgó la conformidad, ocasionando un potencial perjuicio económico al Despacho Presidencial por S/ 205,032.40 por otras penalidades no impuestas al contratista, relacionadas con la falta de presentación y presentación tardía de las mencionadas pólizas de seguro”, señala el documento.

También se mencionan otras presuntas infracciones vinculadas al cumplimiento de las normas de gestión pública.

El arbitraje

A pesar de lo sucedido, la liquidación de obra, tras los balances hechos dentro del despacho presidencial, arrojó que el Estado debía pagar a MLE Contratistas Generales SA un monto aproximado de S/ 72 mil. Sin embargo, la empresa reclamaba un monto de S/ 288 mil. Ante estas discrepancias y ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, la empresa demandó al Despacho Presidencial a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima, señala el documento.

La Presidencia del Consejo de Ministros fue notificada del mencionado proceso el pasado 19 de agosto. Tras los análisis respectivos, la procuraduría de la PCM determinó que "el pago de la liquidación de la obra por un monto de S/ 288,129.13 es inviable, lo que deberá ser comunicado a las instancias pertinentes.

Sin embargo, esta disputa "será resuelta mediante el proceso arbitral que se viene tramitando en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima", señala Contraloría.

Las recomendaciones

Con una ejecución de obra fallida, Contraloría considera que Mirian Morales, secretaria general del Despacho presidencial, tiene presunta responsabilidad administrativa “por haber dispuesto mediante la resolución 020-2018-DP/SG de 5 de febrero de 2018 que el director General de la Oficina de Administración recepcione la obra sin tener en consideración el procedimiento establecido en la delegación de funciones (...) [y] por disponer que la recepción de la citada obra la efectúe el director de la OGA, a pesar que el Contratista no subsanó dichas observaciones, afectando la finalidad de la contratación, al recepcionar bienes de menor costo y no acordes con las especificaciones contenidas en el expediente técnico, ocasionando un potencial perjucio económico a la entidad por S/ 98,825.58”.

En ese sentido, Contraloría recomienda al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, que inicie las acciones legales contra la Secretaria General del Despacho Presidencial en caso se la empresa gane el arbitraje al despacho presidencial en la Cámara de Comercio de Lima.

También recomienda a Zeballos, y también a Mirian Morales, que hagan el deslinde respectivo de responsabilidades de funcionarios conforme al marco normativo aplicable.