La ley que modifica la definición del crimen organizado y, entre otras cosas, obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado, ocasionó contradicciones entre los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso.
La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, aseguró que dicha norma, que ocasionó cuestionamientos y críticas por parte de legisladores e instituciones como el Ministerio Público, no será revisada.
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En diálogo con RPP, la también legisladora de Fuerza Popular enfatizó que este viernes solo se recibirá la opinión de especialistas para analizar temas de seguridad ciudadana.
“El viernes vamos a tener la presencia de numerosos especialistas en los temas que tienen que ver en materia de seguridad ciudadana y vamos a analizar. Una cosa es que recibamos opiniones y otra cosa es que revisemos las leyes. Revisar las leyes implica que algún congresista o alguien que tenga iniciativa legislativa presente un proyecto de ley y pretenda o proponga modificar esa norma o derogarla”, apuntó.
En ese sentido, recalcó que, a la fecha, no se ha presentado ningún proyecto de ley para derogar la norma que modifica la definición del crimen organizado, por lo que insistió en que están imposibilitados de proceder de esa manera.
“Se requiere que la norma entre en vigencia y luego, después de eso puede, pretender modificarla. No hay ningún problema, ese es un derecho que tiene quien tenga iniciativa legislativa, pero otra cosa es que dicen que la vamos a derogar, pero cómo la vamos a derogar si no hay ningún proyecto de ley”, aseveró.
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Responde al Poder Judicial y la Fiscalía
En otro momento, Juárez expresó su rechazo a los pronunciamientos que emitieron el Ministerio Público y el Poder Judicial. A su juicio, los fiscales no pueden oponerse a aplicarla, pues ello generaría inestabilidad.
En el caso del Poder Judicial, la legisladora recordó que anteriormente los jueces han utilizado el control difuso para inaplicar normas que son de cumplimiento obligatorio.
“Vivimos en un estado de derecho y si nosotros no estamos de acuerdo como poder del Estado, que podría ocurrir de repente con el Poder Judicial, tienen los mecanismos para generar una acción ante el Tribunal Constitucional”, acotó.
Insistió en que esta ley lo que ha hecho es definir exactamente lo que significa una organización criminal y otras cosas, por ejemplo, la procedencia ilegal del dinero que ostente un grupo que pueda ser investigado bajo esa figura.
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