
Pese a los cuestionamientos que pesan en su contra y las investigaciones que afronta, el extitular del Interior, Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial. El último sábado fue designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo del saliente Juan Alcántara.
Hasta antes de su nombramiento, Santiváñez se desempeñaba como jefe de la Oficina General de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial, desde donde se reunía con diversos ministros, funcionarios y autoridades locales y regionales, tal como denunció Cuarto Poder.
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Cabe precisar que a fines de marzo pasado el Parlamento lo censuró en el cargo de ministro del Interior por su “manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.
Casi cinco meses después Santiváñez regresa al Consejo de Ministros y toma las riendas de un sector que se encuentra en el ojo de la tormenta, a raíz de la promulgación de la ley que otorga una amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980-2000.
Desde su despacho, el nuevo titular del Minjus no solo estará a cargo de presentar la propuesta de reforma del sistema de justicia anunciado por el Ejecutivo, sino también tendría el objetivo de concretar la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según advirtieron varios legisladores que se opusieron a su nombramiento.

SANTIVÁÑEZ VUELVE A TENER ANTEJUICIO POLÍTICO: ¿EXISTE ALGÚN RIESGO?
Tras retornar al Gabinete Ministerial, Santiváñez vuelve a tener antejuicio político, que le otorga una especie de inmunidad hasta por cinco años para ser procesado penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Para que se levante esta protección, la Fiscalía de la Nación tiene que solicitar ante el Congreso de la República el retiro de su antejuicio político a través de una denuncia constitucional, la que podría ser aprobada o rechazada.
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Precisamente, el legislador de Renovación Popular (RP), Diego Bazán, recordó que Santiváñez mantiene un proceso de antejuicio político en el Parlamento y advirtió que, con su designación, se le estaría otorgando un “salvavidas” para extender esta protección.
“Lo que se está haciendo es darle una protección adicional al señor Santiváñez, porque hay que recordar que el ministro tiene antejuicio político y se le está dando otro salvavidas, extenderle el antejuicio político durante incluso cinco años después que deje su cargo. Es una estrategia bien armada”, cuestionó el último sábado.
Al respecto, el abogado constitucionalista Erick Urbina reconoció que si bien el antejuicio político que vuelve a tener Santiváñez no le otorga ningún salvavidas frente a las investigaciones que ya tenía, alertó que si la Fiscalía quiere pasar a una siguiente etapa y acusarlo en estos casos, necesariamente tiene que contar con el visto bueno del Congreso.
“Cuando uno deja de ser ministro, goza aún del antejuicio politico. Entonces, durante los siguientes cinco años desde que uno deja de ser ministro se necesita que se le levante el antejuicio para que lo puedan investigar y acusar. Si la Fiscalía no solicitó el levantamiento del antejuicio de Santiváñez cuando dejó de ser ministro del Interior lamentablemente esto lo beneficia, porque ahora que ha vuelto al gabinete goza de esta protección nuevamente”, indicó a Gestión.
El experto agregó que si eventualmente la Fiscalía decide presentar en estos meses una denuncia constitucional contra Santiváñez por las investigaciones en su contra, el Parlamento podría rechazarla. De esta manera, el caso se archivaría y no se podría continuar la investigación.
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Otro escenario, según dijo, es que la Fiscalía decida esperar a que el nuevo Congreso bicameral asuma funciones en agosto del 2026 para presentar sus respectivas acusaciones. Sin embargo, consideró que esta medida debilitaría las investigaciones.
“Sí podrían perjudicarse las investigaciones, porque Santiváñez al tener el cargo de nuevo goza del antejuicio y si el Congreso no lo censura, estaría demostrando que en el fondo lo respaldan y, por lo tanto, no van a aprobar el retiro de ningún antejuicio politico. Entonces, tendrán que esperar hasta el próximo Congreso y eso perjudica la investigación. En el mejor de los escenarios, serían 11 a 12 meses de espera, si es que el próximo Parlamento decide levantarle el antejuicio pronto”, remarcó.

ANDY CARRIÓN: “LAS INVESTIGACIONES SEGUIRÁN SU CURSO, NO SE PARALIZARÁN”
Actualmente Santiváñez afronta tres investigaciones en el Ministerio Público. En la primera de ellas se le investiga por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Esto, tras haber intervenido en su calidad de abogado y, posteriormente, como ministro del Interior, para lograr la excarcelación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, un expolicía a quien le brindó asesoría para anular su condena ante el Tribunal Constitucional (TC).
Por estos hechos el Poder Judicial le impuso 18 meses de impedimento de salida del país, entre otras restricciones.
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En el segundo caso se le investiga por el presunto delito de abuso de autoridad, tras haber utilizado su cargo como extitular del Interior para abrir un proceso disciplinario al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’.
Como se recuerda, diversos medios de comunicación publicaron fragmentos de los audios de las conversaciones que tuvieron Santiváñez y ‘Culebra’, en el que se le escucha decir al primero que la PNP protegía al prófugo Vladimir Cerrón, entre otras cosas.
Pese a que el titular del Minjus ha negado en todo momento ser uno de los interlocutores de dichas grabaciones, hasta el momento se rehúsa a pasar por un peritaje en la Fiscalía para demostrar su teoría.
Finalmente, el abogado es investigado por el presunto delito de omisión de denuncia a raíz del caso ‘Cofre presidencial’, que también involucra a la presidenta Dina Boluarte. Por estos hechos, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento, pero hasta ahora no ha sido revisada.

Al ser consultado por el futuro de estas investigaciones, el abogado penalista Andy Carrión aclaró que todas ellas continuarán y no se afectarán ni paralizarán, tas conocerse que Santiváñez retornó al Gabinete.
“Las investigaciones no se van a paralizar, seguirán su curso. No debería. Que la defensa del ahora ministro pueda alegar cualquier cosa, es distinto, pero jurídicamente hablando no hay forma de que se detengan las investigaciones, porque incluso ya hay denuncias constitucionales”, enfatizó a Gestión.
A juicio del experto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, intensificará las investigaciones contra Santiváñez; sin embargo, vio poco probable que presente alguna acusación en el corto plazo.
“Las investigaciones que se encuentran en la Fiscalía no se detienen, siguen avanzando al ritmo normal y usual, ya que son investigaciones preliminares para las que no se requiere el levantamiento del aforo y ni el antejuicio, pero cuando termine la investigación, tiene que enviarlo al Congreso”, acotó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.








