Por mayoría, la comisión de Constitución, que preside Martha Moyano, aprobó esta tarde el dictamen impulsado por la congresista Gladys Echaíz que además de desaparecer la JNJ, también plantea que sea el futuro Senado el que elija y destituya a los titulares de la ONPE y Reniec.
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Esto, a pesar de la oposición del Ministerio Público, Reniec, ONPE y otras instituciones del Estado, que cuestionaron dicha norma.
Tras conocerse esta noticia, la JNJ expresó su preocupación por la celeridad con que fue aprobada dicha propuesta en la comisión de Constitución.
“Consideramos que dicho proyecto, que ha sido observado por organismos técnicos, incluso por el Ministerio de Economía y Finanzas, afecta no solo a la JNJ sino a todo el sistema de justicia y la institucionalidad del país. Lejos de mejorar la administración de justicia en beneficio de la población, el proyecto es un retroceso porque da a la sala plena del Poder Judicial y a la junta de fiscales la facultad de elegir jueces y fiscales, respectivamente, corriendo el riesgo de pervertir el sistema de justicia, como ocurrió en el pasado”, cuestionaron en un comunicado.
El organismo también advirtió que habrá una “injerencia del poder político en la designación de los jefes de ONPE y Reniec”, al recordar que dicha propuesta le da esta función al Senado, entidad que podrá remover también a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público.
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“La comunidad internacional sigue atenta a los acontecimientos”
En otro extremo del comunicado, la JNJ enfatizó que llamó poderosamente la atención la celeridad con la que el grupo de trabajo presidido por Moyano retomó el debate de esta propuesta y la puso a votación, aún cuando varios de sus integrantes tenían observaciones.
“La JNJ considera que una reforma del sistema de justicia tiene que ser meditada, escuchando a los organismos técnicos competentes y a la ciudadanía”, añadieron.
También informaron que “la comunidad internacional sigue atenta los acontecimientos” que ocurren en el Parlamento. En ese sentido, recordaron la posición adoptada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre Perú. En dicho documento, recomendó al Gobierno de Dina Boluarte que “garantice la efectividad de la JNJ para salvaguardar su independencia”.
“Asimismo, la OEA y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados han recibido con preocupación el informe de la Misión Internacional de Observación (MIO), que ha señalado claramente que hay distintas formas de interferencia del Poder Legislativo en el normal funcionamiento de la JNJ”, concluyeron en su texto.
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