El presidente del Congreso, Javier Arévalo, consideró que las reformas al sector justicia deberían quedar para el próximo Congreso.
En entrevista con RPP, el juez supremo remarcó que el actual Parlamento tiene un problema fuerte que abordar: la delincuencia y el crimen organizado.
“Yo creo que estas reformas deberían quedar para el próximo Congreso. El actual tiene un problema que es el de la delincuencia. Tenemos problemas de seguridad, gobernabilidad y crimen organizado. Eso es lo que debemos preocuparnos. Indudablemente lo que se puede crear es una comisión para ir elaborando este proyecto, ir madurando y, en su momento, se puede convertir en realidad”, señaló.
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A su juicio, lo que tiene que hacer el Estado para enfrentar el tema de la inseguridad y criminalidad organizada es redistribuir recursos en las entidades que luchan contra estos flagelos.
“Yo creo que el Estado peruano debe de entender que tiene que invertir en seguridad, en salud, en justicia, en educación, porque es lo que tiene que hacer. El estado no puede andar arrochando el dinero en otras cosas. Eso es lo que tiene que dedicarse”, apuntó.
Como se recuerda, Fuerza Popular presentó el pasado 15 de diciembre una moción para crear una comisión de alto nivel encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el país en un plazo máximo de 45 días.
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Se pronuncia por proyectos de ley
En otro momento, Arévalo se pronunció en torno al proyecto de ley del congresista Roberto Chiabra, que proponía que el Parlamento sea el encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales supremos. Ante las críticas, la iniciativa en mención no solo perdió el respaldo de Alianza para el Progreso (APP), si no que fue retirada por el propio legislador.
“En eso voy a ser tajante: la elección de los jueces supremos por el Congreso o por el Ejecutivo, como era antes, implicaría la politización del nombramiento porque si el presidente va a nombrar a los jueces es muy posible que nombre a los de su partido. Y tenemos la amarga experiencia que existió en el pasado, cuando los jueces supremos eran nombrados por el mandatario y ratificados por el Senado”, cuestionó tras precisar que de ninguna manera el Gobierno y el Legislativo pueden intervenir en el nombramiento de jueces.
Respecto a la propuesta de la legisladora Gladys Echaíz, quien busca crear la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual tendría como objetivo reemplazar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el titular del Parlamento consideró que no es descabellado, pero implicaría una reforma bastante grande.
No obstante, cuestionó que desde el Congreso no les hayan consultado a los jueces supremos frente a esta iniciativa.
“Para comenzar, hay personas que hemos ido a esas escuelas, la coreana y la española (que tienen el mismo formato de la Escuela Nacional de la Magistratura). A nosotros no nos han preguntado, ni siquiera como una forma de amabilidad. No nos han preguntado qué nos parece. Yo no sé si los congresistas han ido a estas escuelas y han visto el plan de estudio”, se preguntó.
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