Tras varios meses en espera, la comisión ad hoc del Ministerio de Justicia encargada del procedimiento administrativo disciplinario contra el suspendido procurador general del Estado, Daniel Soria, terminó su labor y presentó su respectivo informe ante el despacho del ministro del sector, Eduardo Arana.
En el documento, al que accedió RPP, el presidente de dicha comisión, Luigino Pilotto, recomendó la destitución de Soria como titular de la PGE al concluir que los hechos por los que el abogado fue suspendido en noviembre del año pasado “fueron corroborados”.
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En el informe, que se basa en la denuncia realizada por la Oficina de Control Interno (OCI), se advierte que no se cumplieron los requisitos para que Soria sea designado en el cargo, algo que es considerado como un “beneficio ilícito”.
Por estos hechos, la OCI consideró que todo esto amerita imponer al procurador una sanción de destitución porque no se evidencian supuestos que lo eximan de responsabilidad administrativa disciplinaria.
“Por los hechos expuestos, a criterio de esta Dirección existen indicios suficientes que acreditan que el servidor procesado, ha vulnerado los principios de probidad, idoneidad y veracidad”, se lee en el informe de la comisión.
En noviembre pasado, Soria fue suspendido provisionalmente por no haber cumplido con el requisito de trayectoria que exigía la Procuraduría General del Estado (PGE) cuando fue nombrado titular de la entidad, en el año 2020. En su lugar fue nombrado Javier Pacheco, entonces procurador anticorrupción.
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Denuncia “motivaciones políticas”
Tras conocerse su suspensión el cargo, Soria consideró que la sanción impuesta en su contra tendría motivaciones políticas que implicaban a la presidenta Dina Boluarte.
“Es una hipótesis plausible, porque ha habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. Digamos que esta respuesta es al trabajo que hemos venido realizando. Yo sí establezco una relación de causalidad al respecto”, señaló en su momento a RPP.
“Lo que queda claro es que la cabeza del sector Justicia es el actual ministro de Justicia, que a su vez depende de toda la estructura del Poder Ejecutivo cuya cabeza es la presidenta Dina Boluarte. La presidenta no puede ser ajena a estos sucesos, no puede salir a decir que acá hay un procedimiento en el que no participa, porque este procedimiento se ha abierto con fines de destitución”, agregó Soria.
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