A inicios de este mes, se conoció que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional varios artículos del Decreto Legislativo N°1373, que establece el procedimiento de Extinción de Dominio; es decir, para que el Estado pueda quedarse con los bienes adquiridos con dinero de origen ilícito vinculados a corrupción y otros crímenes.
En un oficio enviado al presidente del TC, Francisco Morales Saravia, Gutiérrez dijo que se busca anular la aplicación de seis artículos y numerales de la ley de Extinción de Dominio debido que, a su juicio, vulneran el derecho de propiedad y los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica, entre otros.
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Sin embargo, el diario El Comercio reveló hoy que una de las hermanas del defensor del Pueblo, Sara Gutiérrez, tiene un caso de extinción de dominio en curso, en calidad de representante legal de una empresa a la cual las autoridades le incautaron un vehículo en Huánuco, valorizado en más de S/800.000.
Al respecto, Gutiérrez negó que haya querido beneficiar a su hermana con la presentación de esta demanda ante el TC, tal como se pretende insinuar.
En diálogo con Punto Final, señaló que no piensa “caer bajo” para tratar de favorecer a su familiar, quien es representante legal de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L., investigada por el delito de contrabando.
“Nunca voy a caer bajo para poder yo, en representación de la Defensoría, defender a una persona o a otra, siendo familiar o conocido, o un anterior cliente. No, eso no se puede hacer”, aseveró.
Tras conocerse esta noticia, expertos y abogados penalistas advirtieron que el titular de la Defensoría del Pueblo podría ser investigado en el Ministerio Público por la comisión de los presuntos delitos de omisión, abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
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Busca un control de constitucionalidad
En otro momento, Gutiérrez consideró que todos los rumores respecto a que con su demanda pretendería beneficiar a su hermana y a otros políticos, como el prófugo Vladimir Cerrón, forman parte de discusiones “banales” y “triviales”.
Según dijo, su verdadera intención es que se haga un control de constitucionalidad sobre la ley de extinción de dominio.
“Lamento mucho que se vaya a llegar a discusiones banales, triviales. Vamos a tomarlas como injustas viniendo de instituciones que me merecen todo el respeto”, remarcó.
“La verdad que con esto no se pretende defender a nadie, lo que estamos pretendiendo es que se haga el control de constitucionalidad para que el supremo intérprete diga: esta norma está bien o está mal (...) por eso no presentamos la demanda para declarar toda la ley inconstitucional, sino separamos el título 2 del título preliminar y el 3 respecto del 40. Hemos distinguido claramente la afectación de cada punto, ahora el tribunal que haga las acotaciones que tenga que hacer”, aseveró.
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