El Minjusdh aclaró que establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia. Foto: Andina
El Minjusdh aclaró que establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia. Foto: Andina

En relación con la iniciativa legislativa N.° 8678/2024-CR, presentada por , congresista de , que propone modificar el Reglamento del Congreso de la República para crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en el que precisa lo siguiente:

1. La propuesta de creación una comisión ordinaria del Congreso de la República dedicada exclusivamente a fiscalizar la labor de los jueces y fiscales a nivel nacional resulta incompatible con nuestra Constitución Política, al afectar el principio de separación de poderes lo que resulta contrario a un Estado Constitucional de derecho y afecta el sistema democrático.

2. Establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia porque permitiría la interferencia en las actuaciones jurisdiccionales, que deben quedar excluidas de toda influencia y protegidas frente a cualquier presión indebida.

3. La preocupación legítima del Parlamento y de la ciudadanía ante las deficiencias el sistema judicial, las irregularidades e inconductas en que incurren algunos jueces y fiscales, o de quienes indebidamente politizan sus decisiones, se encuentra absuelta ya por nuestro propio diseño constitucional, que ha reservado en la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y las autoridades nacionales de control, la competencia para fiscalizar la labor de todos los jueces y fiscales, estableciendo mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales que corrigen y sancionan dichas irregularidades.

4. Invocamos a la Autoridad Nacional de Control Poder Judicial, a la Autoridad Nacional de Control de Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia a escuchar el clamor ciudadano y la legítima preocupación del Congreso de la República, determinando con prontitud la responsabilidad funcional que les pudiera corresponder a los jueces y fiscales.

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