El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dijo que no tiene conocimiento de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de inhabilitar por 10 a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“No tengo conocimiento, pero es un tema que el Congreso debería asumir y respetamos la decisión del Congreso de la República, dentro de sus ejercicios, a dispuesto (...) Nosotros somos respetuosos de la separación de poderes, en su momento lo analizaremos con mayor detalle. Pero, en este momento cada poder del Estado está trabajando con autonomía y lo respetamos“, dijo en RPP.
También comentó que se realizarán los expedientes técnicos para construir los seis nuevos establecimientos penitenciarios al 2026 como se indicó el año pasado, a fin de avanzar en la tarea de deshacinar el sistema carcelario.
“Tenemos en cartera seis penales (...) Varios de ellos son grandes, con lo que se logrará el deshacinamiento”, sostuvo.
¿Se logrará construir los seis penales al 2026? “El gran problema que tenemos es que el año pasado la recesión económica, por lo que muchos de los proyectos tuvieron que pasarse para este año. Este año los índices se muestran favorables y auspiciosos (...) La construcción de penales es parte del programa que desde el sector se está impulsando“.
“Estamos viendo que cada penal tiene una característica especial, entonces, de acuerdo a ello, estamos viendo la cantidad de cada penal (...) El penal de Ica estará en función de lo que le exijamos al contratista; eso todavía está por determinarse. Como ministerio pediremos que todos los penales sean entregados a la brevedad“, agregó.
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Arana hizo también se refirió a los costos de rehabilitar el penal de la isla de El Frontón, como se ha propuesto desde el Congreso, a través del presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto.
“El costo que esto realmente significa y los beneficios que podamos tener son sorprendentes”, indicó.
En tal sentido, Arana dijo que se vienen efectuando las evaluaciones necesarias para determinar la construcción de más penales.
Respecto a los índices de delincuencia, en entrevista a RPP, refirió que -como consecuencia de la delegación de facultades del Congreso- se dispuso 31 normas, las cuales tienen contenido en materia de seguridad ciudadana.
Señaló que este objetivo se conseguirá no solo con la construcción de nueva infraestructura (penales), sino también con las normas legislativas que se han dado, entre ellas la que dispone parámetros para el uso de grilletes.
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Reforma judicial
En cuanto a los pedidos de reformar el sistema judicial, hechos desde ciertos sectores políticos, Arana recordó que existe el Consejo para la Reforma de la Justicia. Indicó que en la primera reunión de esta instancia se alcanzaron acuerdos importantes.
“Vimos la política criminal y el problema del presupuesto” para las reformas, sostuvo. Añadió que también se pidió a los titulares de sectores que gestionen la implementación de medidas que no requieran de más recursos adicionales, haciendo más eficaz su gasto en este rubro.
Por otro lado, el ministro justificó la tutela de derechos que interpuso en el proceso que se le sigue por el contenido del audio en el que dialoga con el exjuez supremo César Hinostroza y que fue desestimado. Indicó que este respondió a que el fiscal a cargo de la investigación no está realizando una investigación “rápida”.
“Se ha citado a más de 80 personas”, indicó. “Una investigación que debía terminar en cuatro meses, la está haciendo en doce”, afirmó; señalando también que “no me corro de la justicia”.
Consideró también, en ese contexto, que el audio en cuestión “no tiene contenido penal”. “No tengo sentencia de culpabilidad ni sentencia sobre relación con algún delito”, puntualizó.
La Caravana de Justicia en San Bartolo
La campaña descentralizada “La Caravana de Justicia”, realizada en San Bartolo, tiene como objetivo acercar los servicios gratuitos del sector a la ciudadanía, fortalecer la lucha contra la corrupción y promover la defensa y respeto de los derechos humanos.
El titular del MINJUSDH y el alcalde de San Bartolo, August Carbajal, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional que permitirá que más de 9 mil personas accedan a los servicios de Defensa Pública.
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