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La Fiscalía de la Nación presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra cuatro decretos legislativos: 1592, 1604, 1605 y 1611; por considerar que estos “vulneran” las facultades del Ministerio Público.
Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, señaló que la demanda de inconstitucionalidad tiene el objetivo de que se respeten las competencias de la Fiscalía:“El Ejecutivo y Legislativo han promovido y dictado diversas normas que vulneran nuestras funciones constitucionales, sobre todo por ser conductores de la investigación del delito desde un inicio”.
Asimismo, el fiscal señaló que algunas de estas normas “buscan nuestra forzada reorganización institucional con clara intención de afectar el Estado de derecho, la institucionalidad y la verdadera democracia”.
Esta demanda fue presentada tras realizar un análisis de los decretos expedidos en los últimos meses por el Poder Ejecutivo. Este estuvo a cargo de una comisión de expertos que trabajó durante cuatro meses bajo la coordinación del fiscal supremo Alcides Chinchay.
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Decretos que vulnerarían al Ministerio Público
El decreto legislativo 1592 señala que la Policía Nacional, además de luchar contra el tráfico ilícito de drogas, investigará este delito en todas sus manifestaciones. Ello implica realizar operaciones o intervenciones en la ruta a los puertos, aeropuertos o en espacios no considerados zona primaria.
En el decreto legislativo 1604 se indica, a su vez, que la Policía Nacional asumirá y realizará “la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia”.
Asimismo, en el decreto legislativo 1605 se modifican 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, permitiendo a la Policía realizar diligencias de investigaciones preliminares por cuenta propia.
Finalmente, el decreto legislativo 1611 señala que la Policía Nacional realiza la investigación del delito de extorsión y delitos conexos.
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