Tras el allanamiento con fines de incautación en 17 inmuebles vinculados a 14 investigados por el caso Qali Warma, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima solicitó el impedimento de salida del país para un grupo de funcionarios y servidores públicos de dicho programa estatal y representantes de la empresa Frigoinca S.A.C., involucrada en la investigación.
Así lo determinó la fiscal provincial Zoila Sueno, tras informar que esta medida también se solicitó para los funcionarios y servidores públicos de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) involucrados en estos hechos.
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De acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta organización criminal estaría constituida, promovida, financiada, integrada y vinculada por los miembros de Frigoinca y funcionarios o servidores públicos del Qali Warma.
Dicha red criminal, informó el Ministerio Público, habría operado bajo un mecanismo de corrupción consistente en la entrega de sobornos a diversos funcionarios de Qali Warma, de Digesa y otras entidades del Estado y personas particulares, desde aproximadamente el año 2020.
Nilo Burga Malca, dueño de Frigoinca, sería el líder de la presunta organización criminal, mientras que los otros miembros claves serían su hijo, Oliver Burga, y seis trabajadores más de su empresa.
En la lista de investigados figuran 11 funcionarios y servidores públicos que laboraron en Qali Warma, entre ellos, el vocero presidencial Fredy Hinojosa.
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¿Por qué no se detuvo a Fredy Hinojosa?
A inicios de este mes, el vocero presidencial fue notificado de la investigación preliminar que le abrió el Ministerio Público. Y es que Hinojosa se desempeñó como director ejecutivo de Qali Warma durante el periodo en el cual Frigoinca inició un crecimiento como fabricante de productos para dicho programa social, ganando importantes contratos con la finalidad de distribuir sus conservas ‘Don Simón’ en colegios estatales.
Según informó RPP, la Fiscalía había solicitado la detención preliminar por el plazo de 10 días contra Hinojosa, así como de Nilo Burga y de su hijo, Oliver Burga; sin embargo, el Poder Judicial rechazó este pedido.
La decisión judicial se basó en la ley que aún se encuentra vigente, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, que limita la aplicación de la detención preliminar solo para casos de flagrancia.
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Si bien el Parlamento derogó dicha norma la madrugada del sábado y aprobó una nueva autógrafa de ley que restituye la aplicación de la detención preliminar en casos que no sean en flagrancia, recién remitió el documento al Gobierno el último lunes, a las 3:00 p.m., para su respectiva promulgación.
No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó en una entrevista radial que la autógrafa de ley aún no había llegado a su despacho. Es más, pese a la urgencia del tema no quiso garantizar su inmediata promulgación, ya que primero emitirían una opinión técnica al respecto, que será remitida al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén.
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