El fiscal José Domingo Pérez dispuso que se amplíen las investigaciones que se realizan contra Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en las elecciones generales de 2021.
De acuerdo a la disposición de investigación del Equipo Especial Lava Jato a la que accedió El Comercio, el Ministerio Público indicó que resulta útil y pertinente que se recaben testimonios adicionales para las investigaciones por el presunto lavado de activos en modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, tenencia de fondos ilícitos y organización criminal.
Como se recuerda, este caso empezó a ser investigada el 20 de julio del 2021 tras los comicios, donde el propio partido Fuerza Popular denunció un presunto fraude de Perú Libre y el expresidente Pedro Castillo.
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El documento señala que el 24 de octubre del 2022, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE concluyó en un informe que la organización fujimorista trasgredió la norma electoral al no haber consignado información detallada, como la compra de un inmueble, una cotización errónea de activos fijos y la ubicación de un aportante que negó haber pagado S/ 1,100 en especies.
Del mismo modo, el Ministerio Público detalla que los recursos de nulidad que se presentaron en las elecciones requirieron S/ 1′278.430 y las apelaciones un total de S/ 31,350.
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Asimismo, la Fiscalía resalta que entre los aportantes figuran estudios de abogados, empresarios, dueños de casinos y firmas relacionadas a negocios de tragamonedas. Por ello, investigarán si es lícito el dinero entregado al partido.
En ese sentido, la institución ha dispuesto que se tomen los testimonios de la jefa Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y el titular de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto.