Fiscalía amplía investigación preparatoria contra Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA

Hamilton Castro, fiscal responsable de las investigaciones de los sobornos de Odebrecht en Perú, indicó en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía que se ha formalizado la investigación preparatoria contra los representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, consorciadas de la constructora brasilera, por los delitos de corrupción de funcionarios y de lavado de activos.

“Esto decisión se tomó como consecuencia de un paciente trabajo de corroboración en el marco del proceso especial del señor Jorge Simoes Barata”, dijo el fiscal Castro, que lidera el Equipo Especial del Ministerio Público encargado de las pesquisas del caso Odebrecht.
En esa línea, el magistrado detalló que hoy se notificó a las partes involucradas de la formalización de la investigación preparatoria así como al juez de garantías.

“El Código Procesal Penal establece que las versiones de los colaboradores no pueden ser usados de manera directa, sino que para ser usadas es necesario que la versión del colaborador sea corroborada, de esa manera es que el Código Procesal Penal permite la utilización de dicha declaración”, explicó el magistrado y miembro del Equipo Especial, Javier López Romaní.

En esa línea, dijo que la decisión del Ministerio Público debe entenderse en este contexto.

“No basta el solo dicho del colaborador (Jorge Barata), sino que ha sido importante la corroboración de pericias, de declaraciones y de una serie de diligencias para verificar la información contable, económica, financiera y contable de los consorcios. En esa medida, es que ha sido posible esta decisión”, dijo.

En tanto, que el magistrado Sergio Jimenez -  miembro del Equipo Especial - detalló que disposición de ampliación investigación preparatoria contra las empresas consorciadas con Odebrecht es por los delitos de corrupción de funcionarios y de lavado de activos.

“Respecto al delito de corrupción de funcionarios, el delito que se les está atribuyendo (a las empresas) es el de colusión en tanto las personas incluidas en esta disposición tenían conocimiento y aceptaron el acuerdo para la asignación irregular de la Carretera Interoceánica”, afirmó.

A lo que se suma que las empresas, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía, tuvieron competencia por el pago por las coimas y las ventajas indebidas que tuvo el expresidente, Alejandro Toledo. “El delito de colusión ilegal es un delito grave con una pena máxima de 15 años de prisión”, advirtió.

Sobre lavado de activos, el magistrado Marcial Paúcar, también miembro del Equipo Especial, detalló que se ha identificado que bajo la figura de riesgos adicionales se habría tenido como propósito darle legitimidad a activos que tenían como fin una procedencia ilegal. “En ese sentido, que las empresas han brindado una justificación, cuando en realidad no lo era”, indicó.