La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), que disponga el trámite correspondiente de 16 denuncias constitucionales que se encuentran pendientes desde enero de 2024.
La titular del Ministerio Público pidió, a través de un oficio, el impulso de las denuncias que se encuentran en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida ahora por María Acuña Peralta de la filas de Alianza para el Progreso.
Entre las denuncias figuran las presentadas contra la presidenta Dina Boluarte como presunta autora de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, a título de comisión por omisión.
La denuncia fue formulada por el entonces fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, por las violaciones de los derechos humanos de diversos ciudadanos durante las protestas que se sucedieron desde el 7 de diciembre del 2022.
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Otras denuncias que están pendientes de ser vistas en la subcomisión son las presentadas contra congresistas de diversas bancadas a quienes se les imputa el recorte de sueldos a los trabajadores de sus despachos.
En lo que va del año, el Ministerio Público presentó siete denuncias constitucionales para quitar la inmunidad de legisladores acusados de recortar sueldos a sus trabajadores y procesarlos ante el Poder Judicial. Hasta la fecha, el Parlamento no ha aprobado ninguna.
Estos casos involucran a los legisladores Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte (Bloque Magisterial), Edgar Tello (Podemos Perú), José Arriola (Podemos Perú), María Agüero (Perú Libre) y Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú), informó El Comercio.
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