Elvia Barrios negó haber influido en la contratación de su exesposo y aseguró que es “cosa juzgada”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, descartó haber tenido algún tipo de injerencia en la contratación de su exesposo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre los años 2013 y 2018, proceso por el cual se ha planteado su destitución en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Yo jamás intervine en ese proceso [...] Yo no he cometido ningún comportamiento antiético ni he faltado a mi función, jamás lo he hecho, eso que quede claro”, aseguró la magistrada.

Barrios se refirió así al proceso que afronta ante la JNJ por la contratación de su exesposo y por el que Guillermo Thornberry Villarán ha presentado un informe que deberá ser evaluado en el pleno de la junta donde se recomienda que sea inhabilitada.

La titular del Poder Judicial aseguró que hubo una investigación fiscal que concluyó archivando cualquier posible responsabilidad de su lado al no encontrar indicios de que ella haya participado en la contratación.

“Además, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) dio una sanción al funcionario que postuló sin tener los presupuestos que establecía la ley”, comentó, por lo que aseguró que esto era una “cosa decidida” o “cosa juzgada”, algo que el propio ponente de su caso reconoce en su informe.

Elvia Barrios señaló que ella no responde por el comportamiento de terceros y que le corresponde a la entidad contratante dar detalles del proceso que permitió a su exesposo brindar servicios al Estado.

También se respaldó en el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia indicando que si la contratación no se da en la institución donde trabaja un funcionario, el Poder Judicial en este caso, no se aplican las restricciones que sí se reconocen en el caso del Presidente de la República.

La jueza suprema aseveró que la prohibición de contrataciones en casos de otros funcionarios como parlamentarios, ministros y otras instituciones autónomas se circunscribe únicamente en la entidad donde labora y no se extiende a cualquier otro organismo estatal sobre el cual no tienen injerencia.