ministro de Justicia,  José Tello se presentó ante la comisión de Constitución, presidida por el Congresista Hernando Guerra García.. Fotos : Jorge Cerdan. GEC.
ministro de Justicia, José Tello se presentó ante la comisión de Constitución, presidida por el Congresista Hernando Guerra García.. Fotos : Jorge Cerdan. GEC.

El tiene en agenda 178 procesos de extradición por resolver, lo que recarga su agenda de trabajo y demanda tiempo que bien puede utilizarse en otros temas de interés nacional, afirmó este martes el ministro de Justicia, .

Así lo dio a conocer durante su presentación ante la  del Congreso  en el marco de la sustentación del proyecto de Ley 4316-2022-PE, que busca fortalecer la eficacia de la tramitación de las extradiciones y los traslados de personas condenadas.

En esa línea, el proyecto propone modificar la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para que los procesos de extradición, en su etapa política, sean resueltos solo por dos ministerios: de Justicia y de Relaciones Exteriores, y ya no por el Consejo de Ministros.

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Al respecto, el ministro señaló que los beneficios de este proyecto son abreviar la gestión de las extradiciones y traslados en su fase política, aliviar la agenda del Consejo de Ministros y acelerar los tiempos de atención de estos pedidos, disminuyendo la impunidad y costos.

Lo que queremos es que las extradiciones a futuro sean mucho más rápidas, en el sentido, una vez que se cuenta con una resolución del Poder Judicial, pase solamente pase por dos ministerios, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de esa manera podríamos ganar tiempo y, sobre todo, emplear mejor los recursos”, anotó.

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El hecho de que el Consejo de Ministros se aboque a ver este tema, un promedio de 10 por cada sesión de Consejo de ministros, demanda energías y eso podemos utilizarlo en otros temas de interés nacional”, dijo a la prensa.

Tello subrayó que la propuesta legislativa solo busca modificar el procedimiento en el plano político, que justamente concluye con la aprobación en el Consejo de Ministros, y no modifica para nada la etapa jurisdiccional, que corresponde al Poder Judicial.

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