La denuncia constitucional tiene como objetivo que el exjefe de Estado y su exministro sean inhabilitados para ejercer otra función en el Estado durante un periodo de 10 años. (Foto: Presidencia de la República del Perú)
La denuncia constitucional tiene como objetivo que el exjefe de Estado y su exministro sean inhabilitados para ejercer otra función en el Estado durante un periodo de 10 años. (Foto: Presidencia de la República del Perú)

, congresista de Avanza País, presentó una denuncia constitucional contra el expresidentey el exministro de Salud, , por el uso de pruebas rápidas para detectar la Covid-19 durante la pandemia.

El congresista acusó a los dos funcionarios por haber infringido los artículos 2.1, 7, 9, 39,118.3 y 128 de la Constitución Política del Perú y transgredir los artículos 106, 428 y 438 del Código Penal, referido a los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud.

“Es necesario aclarar que la presente denuncia plantea una nueva tesis jurídico-penal, pues postula las figuras de homicidio doloso, falsedad ideológica y genérica como imputaciones penales, adicionalmente a los hechos de corrupción en el marco de la adquisición de pruebas rápidas y que ocasionaron las denuncias constitucionales ya presentadas. Por ello, consideramos necesario se realice una investigación profunda bajo este nuevo enfoque, se lee en el documento presentado por Edward Málaga.

En detalle, la denuncia constitucional tiene como objetivo que el exjefe de Estado y su exministro sean inhabilitados para ejercer otra función en el Estado durante un periodo de 10 años, además de que afronten un procesamiento penal por los referidos delitos.

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Málaga denuncia a Vizcarra por prueba rápidas

aseguró que las pruebas rápidas compradas en la gestión de Vizcarra, en lugar de proteger a la población, contribuyeron a elevar la tasa de mortalidad por en el país.

“Su ineficacia fue un factor determinante para agravar la crisis sanitaria y posicionarnos como el país con el mayor número de muertos Covid-19 por millón de habitantes. La decisión de comprar y utilizar dichas pruebas fue tomada en contra de la evidencia científica y definitivamente no tomó como prioridad la salud de la población”, se precisa en la denuncia constitucional.

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