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Han pasado seis días desde que Dina Boluarte juramentó como la nueva presidenta de la República, después que Pedro Castillo fuera vacado por anunciar la instauración de un “gobierno de excepción”, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones de un Parlamento constituyente. En este corto periodo, solo ha habido claridad en un punto: que las manifestaciones que estallaron en el país se intensifican con el pasar de las horas y -coinciden los expertos- mantendrían ese camino hacia adelante.
Ya se habla de más de 50 heridos (entre civiles y policías) y de siete fallecidos, según la Defensoría del Pueblo. A los bloqueos de vías se sumaron ataques contra una planta de acopio y procesamiento de leche Gloria en Majes (Arequipa), dos aeropuertos cerrados (Arequipa y Andahuaylas) tras actos de violencia, el riesgo de que se invada Las Bambas, entre otros.
Dos demandas son transversales a casi todas las organizaciones sociales que están en las calles: cierre del Congreso y nuevas elecciones generales. En algunas zonas, se agrega el pedido de Asamblea Constituyente y nueva Constitución, así como la liberación de Castillo (e incluso su restitución).
Si bien la mandataria Boluarte presentó ayer al Congreso de la República un proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2024 (donde las nuevas autoridades ingresarían en julio de ese año), las manifestaciones ahora buscan que esto se realice antes, en el 2023.
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“Van a seguir escalando (las manifestaciones) en el corto plazo porque hemos visto una represión cruenta. Diría que estamos entrando a una ‘nueva etapa’. Hubo una primera etapa donde los que reaccionaban eran bolsones ‘castillistas’, que eran una minoría. Una segunda etapa donde se dieron indicios de represión y un gobierno de Dina Boluarte demasiado callado, sin gabinete, donde se dio espacio para que se expanda la protesta. Ahora estamos en un tercer gran momento donde la represión se ha vuelto cruenta”, dijo Omar Coronel, profesor e investigador del departamento de ciencias sociales de la PUCP.
Para Roger Merino, profesor asociado e investigador en la Escuela de Posgrado de la UP, “los escenarios son complejos”. “La presidenta tuvo que evaluar el peso social. Calculó el peso político, pero el tema social no lo previó. Hemos subestimado la movilización social en provincias, y lo seguimos haciendo”, subrayó.
Agregó que la respuesta del Gobierno muestra que no está leyendo con claridad la demanda de una mayoría. “No debemos olvidar que Pedro Castillo tenía cerca de un 24% de aprobación y el Congreso casi un 84% de desaprobación. Dicen que es una minoría, pero no lo es”, apuntó Merino.
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Mirada a las protestas
Según data del Viceministerio de Gobernanza Territorial (a las 3.00 p.m. de ayer), estaban protestando, por ejemplo, en Huancavelica: el Sutep, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, trabajadores de salud, comerciantes del mercado de abastos y otros gremios; y en Huánuco se registró al Frente de Defensa de Leoncio Prado y Frente de Defensa de los Asentamiento Humanos de Huánuco.
En La Libertad las manifestaciones provenían de personas entre pobladores de Virú y trabajadores de empresas agroexportadoras; en Piura eran ronderos de la provincia de Ayabaca; en Cajamarca estudiantes y ronderos en Bambamarca, Callayuc y La Capilla; en Apurímac se trataban de personas de comunidades de Huancabamba, Pataccocha, Hoaroccopata y Winchos, entre otros manifestantes en otras regiones.
Además, la Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas de la provincia de Jaén, en Cajamarca, acordó “tomar” la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el centro poblado Chamaya, desde hoy en la madrugada.
Sobre el bloqueo de carreteras, con data de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) -actualizada hasta las 8 de la noche de ayer-, se registraron 34 alertas de tránsito interrumpido, de las cuales 32 correspondían a bloqueos de carreteras por parte de los pobladores.
El corredor minero (por donde habitualmente sale el concentrado y entran los insumos para las operaciones mineras más grandes del sur) es un caso particular, pues este ya estaba bloqueado desde finales de octubre.
Sin embargo, las comunidades que mantenían los bloqueos en la zona ahora han agregado a su pliego de reclamos el pedido de cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones.
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Si bien desde octubre los insumos seguían una ruta alterna (Apurímac - Cusco), las protestas actuales también han bloqueado esa vía, en el lado de Cusco.
En Lima se registran protestas y se prevé la llegada de manifestantes de otras regiones. Incluso, a través de un video, Antauro Humala hizo un llamado a los etnocaceristas para que adelanten su “Marcha sobre Lima” y se unan a las manifestaciones contra el Gobierno.
También se registraron ataques contra la sede del Ministerio Público y las instalaciones de medios de comunicación, como Panamericana Televisión y América Televisión - Canal N.
“No creo que esto se pueda resolver en los próximos días. Estamos en una etapa de escalada de conflictos. Está subiendo la cúspide de eventos, hay marchas que se canalizan hacia Lima como punto de convocatoria. Y, por el lado de las autoridades, no vemos gestos políticos claros, en el sentido que se ha convocado a elecciones dentro de un año, pero no da un sentido, una ruta, una solución de más corto plazo”, comentó Estelí Vela, politóloga e investigadora de conflictos sociales.
Gobiernos regionales
Las demandas no se dan solo desde la población. En un comunicado, el Gobierno Regional de Puno exigió la conformación de una Asamblea Constituyente, la restitución de Pedro Castillo como presidente de la República y el adelanto de elecciones en el más breve plazo.
En el caso de los gobiernos regionales de Arequipa, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, se demandó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo aprueben con carácter de urgencia el adelanto de elecciones en el menor plazo posible.
La respuesta a la protesta
Como parte de las acciones que el Gobierno ha adoptado para frenar las manifestaciones se presentó ayer el proyecto de ley para adelanto de las elecciones para abril del 2024 y se declaró el estado de emergencia en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes de Apurímac. Pero, en vez de apaciguar las protestas, la convulsión social -como se muestra líneas atrás- va en aumento y se intensifica.
“Cuando Dina Boluarte hizo el anuncio del adelanto de elecciones, a la mayoría de quienes estudiamos estos temas nos quedó claro que no iba a frenar las protestas. La mandataria ha sido enfática que el adelanto de las elecciones implica un consenso con este Congreso. Pero las protestas buscan el cierre, justamente, de este Congreso”, consideró Coronel.
Vela, en tanto, habló del ‘sentido de injusticia’, pues para ella, dicho sentimiento va a seguir creciendo en la medida que la sociedad, la prensa, las autoridades no se den cuenta de la dimensión de las movilizaciones y no tomen en cuenta las demandas que se plantean.
“Un gesto político coherente hubiera sido que Dina Boluarte convoque a las organizaciones sociales, que tenga un primer ministro más dialogante, alguien convocante con las organizaciones sociales, no con el Congreso. Pero es difícil, porque también dependen del Congreso”, puntualizó Merino. Al cierre de esta edición, las protestas siguen creciendo.