Un escándalo de presunta corrupción privó a la presidenta peruana, Dina Boluarte, de su jefe de gabinete y mano derecha. Pero aun sin su mayor soporte, con la economía en rojo y las encuestas en contra, analistas ven poco probable que no finalice su atropellado mandato en 2026.
Boluarte, cuya popularidad no supera el 10% en las encuestas y que carece de bancada propia en un Congreso controlado por la derecha y ultraderecha, tenía en Alberto Otárola a un hábil operador político.
Pero, sobre todo, a su escudero frente a las investigaciones por la represión de las protestas contra su llegada al poder en 2022, cuando murió medio centenar de manifestantes por acción de las fuerzas del Estado, según organismos internacionales de derechos humanos.
Fue Otárola quien como titular de Defensa y luego primer ministro propuso la estrategia represiva contra los grupos de izquierda que se opusieron a la destitución de Pedro Castillo, el encarcelado y procesado expresidente que intentó en vano disolver el parlamento.
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Boluarte, hasta entonces su discretísima vicepresidenta, asumió el poder de un país con un reciente historial de inestabilidad.
¿Cómo sobrevive el gobierno a las protestas y el escándalo? Aquí algunas claves:
1) Que todo siga igual
Otárola, un abogado de 57 años, debió dejar el gobierno forzado por un escándalo que siguió a la divulgación de unos audios en los que se le escucha tratar de “amor” a una mujer menor de 30 años que obtuvo contratos con el Estado el año pasado por unos US$ 14,000, en un presunto caso de tráfico de influencias que el ex primer ministro niega.
En su lugar, asumió este miércoles el abogado de centroderecha Gustavo Adrianzén, exrepresentante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La presidenta “ha conseguido a un primer ministro que se parece mucho a Alberto Otárola. Sospecho que no habrá grandes cambios sustantivos”, señala a la AFP el analista Augusto Alvarez Rodrich.
El hecho que Adrianzén sea la única cara nueva en un gabinete de 18 ministros después del reciente escándalo “da la impresión que solo se cambió la principal cara para que nada cambie. Y tal como ocurría con Otárola, él será el contrapeso con las bancadas del Congreso”, añade.
“Que todo cambie para que todo siga igual”, resume Rodrich.
2) Convivencia y conveniencia
Así, con la llegada de Adrianzén, la mandataria quiere evitar a toda costa chocar con el Legislativo.
Desde 2017, Perú ha tenido seis presidentes, dos de ellos destituidos por el Congreso; dos que renunciaron antes de correr la misma suerte; uno que completó su breve mandato interino de 8 meses y Boluarte, que pese a las sangrientas protestas rehusó dimitir o anticipar elecciones.
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“Lo más probable es que Dina Boluarte complete su mandato, porque la oposición en las calles no tiene interés en sacarla y porque en el Congreso tampoco existe interés entre las diversas bancadas de izquierda o derecha. Todas quieren completar su período parlamentario en julio de 2026″, señala el analista José Carlos Requena.
De aquí a esa fecha, todas las fuerzas tratarán de mantenerse en tácito cogobierno. En la práctica Boluarte sigue “contando con respaldo del Congreso y no creo que la oposición crezca”, completa.
Según el analista, “el gran estímulo para que el Congreso no mueva las aguas es su propia sobrevivencia. Disolver la cámara en marzo de 2024 y adelantar las elecciones en caso de crisis o enfrentamientos no es un escenario que la mayoría de bancadas deseen, apenas una minoría quiere nuevas elecciones”.
3) DDHH y economía
El flanco débil de Boluarte sigue siendo su récord negativo en derechos humanos tras la represión de las protestas.
“La caída de Otárola quizá puede hacer que los organismos de derechos humanos intensifiquen sus críticas hacia el gobierno, pero no creo que serán suficientes para hacer peligrar la continuidad del régimen”, sostiene Requena.
Por otro lado, tampoco parece probable que la economía incentive el descontento popular, a pesar de estar el país en recesión desde 2023.
Los indicadores para 2024 auguran mejoras y la inflación se encamina a situarse dentro del margen anual previsto por debajo de 3.0%.
“La gente no se va a movilizar por nada en el Perú, ha perdido confianza en las protestas, la economía está mejorando en inversión y en el segundo semestre habrá mejoras”, sentencia el analista Augusto Alvarez.
Pese a saltar de crisis en crisis política, la economía peruana - con un 70% de informalidad - ha mostrado una resistencia a toda prueba. Hoy, la moneda peruana se cotiza prácticamente igual que antes del escándalo (3.77 soles por dólar).
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