Cuarto Poder denunció que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha gastado millones en alquilar e implementar oficinas en regiones, pese a que laboran muy pocas personas en dichos recintos.
El caso de Trujillo
En pleno centro histórico de Trujillo, en medio de propiedades declaradas patrimonio en emergencia, una casona de 1,000 metros cuadrados (m2) con un edificio de cuatro pisos en su interior guarda una historia de traspasos y mudanzas de una importante entidad del Estado. La Sunafil ha rentado este lugar por cerca de S/ 1 millón para que trabajen solo 72 personas.
La historia comienza así. El pasado viernes 12 de mayo, en medio de una investigación por hostigamiento sexual, el exsuperintendente de la institución, Víctor Loyola, era el centro de atención y de aplausos de los invitados y la alta dirección de la entidad. Le agradecían por haber hecho realidad el sueño de un local más grande y con mejores condiciones de trabajo.
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“Igualmente el saludo para nuestro exsuperintendente que, como bien lo ha indicado nuestro intendente, en la gestión anterior se inició este sueño para todos”, declaró la superintendenta interina de Sunafil, Flor Cruz, durante la actividad de inauguración del recinto.
Aquella vez, Loyola no era un invitado cualquiera. El exsuperintendente de la Sunafil se desempeñaba como supervisor en el nuevo local de la entidad, que se ubica a unos pasos de la plaza de armas, una zona altamente cotizada en Trujillo.
Al ser consultado por el motivo por el que le agradecieron, Loyola dijo a Cuarto Poder que el saludo fue “porque las gestiones han continuado”. Respecto a qué tipo de gestión realizó, este indicó que dispuso “continuar con la mecánica para que las intendencias tengan un mejor posicionamiento y mejores condiciones de trabajo”.
En el tercer piso del edificio, Loyola comparte oficina con otra supervisora de la Sunafil. Están muy cerca del despacho de Enrique Aliaga quien fue nombrado intendente de La Libertad cuando Loyola en Lima era la máxima autoridad.
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“Es un supervisor que se ha incorporado al equipo de La Libertad a partir del mes de mayo”, dijo Aliaga sobre el nuevo rol de Loyola.
Es más, Aliaga reconoció que Loyola es padrino de su hija. “En el trabajo es mi compañero de trabajo, mi subordinado, fuera de aquí es mi compadre, sí”, dijo al dominical.
Se podría decir que Loyola y Aliaga son un solo puño en la Intendencia Regional de Trujillo.
Nuevos aires parecen soplar a favor de los actuales inquilinos de este lugar. Por años ocuparon un local de 250 m2 en urbanización Las Quintanas, pero en 2022 decidieron ir en busca de una nueva sede para 70 trabajadores en promedio.
La orden de Lima era encontrar una sede que se ajuste a las necesidades de la oficina regional. Al cabo de unos meses, en febrero de este año, un arquitecto enviado de la sede central encontró esta cotizada casona que parecía iba a ser un hotel. Sin tiempo que perder, firmaron un contrato de servicio de arrendamiento con Carmen Silva Otero de Ayala, dueña del local. El monto que se pagó fue S/ 962,000, casi un s/ 1 millón por un periodo de tres años de alquiler.
“No, no había otros locales. En otros locales de repente la implementación habría sido mayor porque de repente se tenía que hacer otro tipo de implementación distinta a la implementación. Entiendo que eso indica el informe técnico”, señaló Aliaga.
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Pero ahí no quedó todo. La Sunafil también contrató diversos servicios de acondicionamiento del inmueble antes de ocuparlo. La forma parecer ser algo inusual. La administración central en Lima giró ocho ordenes de servicio por un monto total de S/ 266,000 más. En medio de todo, la empresa con mayor suerte fue Q & P Proveedor de soluciones eficientes y desarrollo S.A.C., cuya dirección figura en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa, Los Olivos.
Desde Lima, la empresa realizó seis de los ocho servicios de acondicionamiento entre ellos, instalaciones sanitarias y accesorios por S/23, 729, pintado de las instalaciones por S/ 38,999 e instalación de puertas, ventanas y mamparas por S/ 38,350.
“Primera vez que me convocaron, coticé y me aceptaron”, dijo Olfer Quispe, representante legal de la compañía.
En un nuevo barrio y a unos pasos de la plaza de armas de Trujillo, el intendente Enrique Aliaga firmó el acta de conformidad del nuevo local, en abril pasado. El espacio es cuatro veces más grande y caro que el anterior, aunque el personal solo aumentó de 59 a 72 personas.
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El caso de Ayacucho
Pero el gusto por ocupar edificios de cuatro pisos no solo está en Trujillo. San Juan Bautista es uno de los quince distritos de Huamanga, en Ayacucho. En 2022, un arquitecto contratado por la sede central de Sunafil recorría estas mismas calles en busca de un local más grande para funcionar. Una vez más, la entidad estaba dispuesta a pagar una millonaria suma de dinero por el alquiler de un nuevo inmueble.
Pero la elección de la nueva sede institucional recién llegaría en 2023 con Felipe Noblecilla Pascual en la gerencia general de la Sunafil. En febrero pasado se suscribió un contrato por S/1′616,000 por el servicio de alquiler y acondicionamiento de un edificio de cuatro pisos y 895 m2. Al fin tenían sede nueva para la oficina regional de Ayacucho, aunque en este lugar apenas trabajan 29 personas, incluido el propio intendente.
Enrique Prado Prado es el intendente de la Sunafil en Ayacucho. En marzo pasado se mudó a un nuevo local, cinco veces más grande y caro que el anterior. Dejaba uno cuyo alquiler costaba S/4,000 para rentar otro de S/ 20,000 mensuales con espacios tan amplios que actualmente luce semi vacío.
“Teníamos que estar en otro local, era necesario (...) y es por eso, a la alta dirección le insistía que me emitan el informe correspondiente para poder dar la conformidad”, dijo Prado a Cuarto Poder.
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El miércoles 7 de junio, día laborable para todos, la Sunafil abrió sus puertas al público. Uno a uno fue llegando cada trabajador a la nueva y reluciente sede de Ayacucho que parece ser una de las sedes más grandes y, a la vez, con menos personal de todo el país.
Entre las 8:00 a.m. y 9:00 a.m., hora de control de asistencia, Cuarto Poder informó que apenas llegaron 20 trabajadores, entre ellos, inspectores, supervisores, asistentes legales y personal administrativo.
Por dentro, varios de los ambientes todavía lucen desocupados o simplemente cerrados. En estos módulos de atención al usuario no hay ni atención ni mucho menos usuarios. La atención se brinda en una sola ventanilla por falta de personal.
En cada piso hay oficinas y áreas comunes con escritorios y mobiliarios vacíos. La sala de reuniones todavía permanece cerrada. El personal ha ido ocupando estos ambientes que antes fueron acondicionados por la empresa Z&T Ingeniería Integral S.A.C., cuya sede está muy lejos de Huamanga, Ayacucho.
Su sede está en Lima, en la MZ E, Lote 12, asociación San Carlos, Santa Anita. Desde aquí el representante de la empresa, Iván Cruz, formó un consorcio con el dueño del local de Ayacucho, Alfredo Prado de la Cruz, y juntos en diciembre del año pasado ganaron la buena pro para alquilar y acondicionar el inmueble.
Según los documentos, se hicieron diversos trabajos como paredes de drywall y vidrio templado, pintura, tarrajeo, cableado eléctrico y señalización. Arreglos que costaron cerca de S/ 650,000 que se suman a los S/ 720,000 por 3 años de alquiler, relevó el dominical.
La actual administración del gerente general Felipe Noblecilla dio el visto bueno a un contrato que los obligaba a pagarlo en una sola armada y por adelantado, luego de la firma del acta de conformidad.
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Según Norma Ruiz, jefa de abastecimiento de Sunafil, todo está justificado por las necesidades de las oficinas regionales.
“No estás contemplando que los ciudadanos que vienen a hacer las demandas a Sunafil también son considerados. Se les tiene que dar un espacio”, sostuvo Ruiz.
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