La diligencia se desarrolló simultáneamente en Lima y Huaura; en donde se incautaron bienes y documentos cuyo contenido es de relevancia para la investigación.
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Una de las viviendas allanadas, ubicadas en Pueblo Libre, es la del vocero presidencial y jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa, quien junto a los demás involucrados es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de Influencias y otros.
Al respecto, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, cuestionó el allanamiento realizado a la casa de Hinojosa, al recordar que desde su sector siempre le han dado todas las facilidades a la Fiscalía.
“(Estoy) realmente sorprendido, no por la investigación, porque nosotros mismos como ministerio y como programa (Qali Warma) hemos solicitado y dado todas las facilidades a la Fiscalía para que investigue, caiga quien caiga (...) lo que me llama mucho la atención es saltar a un allanamiento de la casa del vocero presidencial y sería importante que la Fiscalía nos informe oficialmente cuáles son los hechos que han llevado a esta decisión”, indicó a RPP.
En ese sentido, dijo que desde el Ejecutivo buscan que las instituciones, sobre todo, las que administran justicia, nos den confianza de que las investigaciones van a ser imparciales. “A nosotros lo que más nos interesa es que se llegue a la verdad, por supuesto nos llama la atención que una vez más esto tenga un fuerte componente mediático”, agregó.
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El titular del Midis, quien también es investigado en el presente caso, recalcó que la Fiscalía debe hacer de conocimiento público los fundamentos que motivaron esta diligencia, porque “si no se pierde el objetivo de que estos delincuentes (los implicados en las conservas en mal estado) sean sancionados”.
Habrá una respuesta en “el más corto plazo”
Según informó RPP, la Fiscalía había solicitado la detención preliminar por el plazo de 10 días contra Hinojosa, así como de Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca, y de su hijo, Oliver Burga Farro; sin embargo, el Poder Judicial rechazó este pedido.
La decisión judicial se basó en la ley que aún se encuentra vigente, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, que limita la aplicación de la detención preliminar solo para casos de flagrancia.
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Si bien el Parlamento derogó dicha norma la madrugada del sábado y aprobó una nueva autógrafa de ley que restituye la aplicación de la detención preliminar en casos que no sean en flagrancia, recién remitió el documento al Gobierno el último lunes, a las 3:00 p.m., para su respectiva promulgación.
No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó ayer en una entrevista radial que la autógrafa de ley aún no había llegado a su despacho. Es más, pese a la urgencia del tema no quiso garantizar su inmediata promulgación.
Al ser consultado por la demora en tramitar esta norma y el supuesto beneficio para Hinojosa, Demartini solo atinó a señalar que habrá una respuesta del Gobierno “en el más corto plazo”.
“Eso tiene un procedimiento, se está ventilando al nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el despacho presidencial. Y eso seguro tendrá su respuesta en el más corto plazo; porque todo esto es marco de un procedimiento y unos tiempos que están preconstituidos. Pero la respuesta habrá, y será de la manera diligente como siempre lo hemos hecho”, remarcó.
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