La Defensoría del Pueblo manifestó que una eventual aprobación de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra, con la información conocida en la actualidad, vulneraría la Constitución. Por ello, exhortó al Congreso a conducirse dentro de los márgenes de ella.
“El Congreso de la República no solo está incumpliendo su deber institucional de actuar con miras a satisfacer los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino su obligación de interpretar la Constitución en atención al contexto social en el que nos encontramos, de respetar las garantías del debido proceso y de evitar el uso arbitrario de una causal tan amplia como la vacancia por permanente incapacidad moral”, señaló en un pronunciamiento.
Además, la institución liderada por el defensor del Pueblo Walter Gutiérrez sostuvo que, “por razones de fondo y forma, una aprobación de la vacancia presidencial, con la información conocida a la fecha, estaría fuera del marco constitucional”. Destacó también que generar mayor inestabilidad política en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, cuando un gobierno se encuentra en su etapa final y hay un proceso electoral en marcha, “no se alinea a los propósitos de nuestra Constitución Política”.
Consideró, asimismo, que el Estado debe centrar todos sus esfuerzos en contener la expansión del coronavirus y atender a los pacientes. En tanto, sostuvo que los audios difundidos esta semana deben ser parte de una investigación del Ministerio Publico, que podría ampliarse y, de ser el caso, formalizarse cuando haya culminado el mandato presidencial el próximo 28 de julio.
Como es conocido, dichos audios aparentemente involucran al presidente de la República en el caso de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, quien fue contratado por el Ministerio de Cultura de forma presuntamente irregular.
Comportamiento continuo
Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia, una vacancia por incapacidad moral debe sustentarse en un comportamiento continuo.
“No basta con un acto (...). Por lo menos tiene que haber un comportamiento continuo (...). Lo que queda claro es que, si hoy día eres el presidente de la República y has cometido una irregularidad pero no has cometido otras, no puede hablarse de ningún tipo de discapacidad”, dijo a RPP.
Asimismo, consideró que el artículo 117 de la Constitución invocado por el Congreso para la moción de vacancia que se ha admitido formalmente no se ajustaría a los hechos en los que el presidente de la República presuntamente está involucrado.
“El escenario (del artículo) 117 no le cae al presidente. Son cuatro delitos que no están entre las situaciones que podrían ser indicio de investigación penal en esto”, agregó.
Dicho artículo de la Constitución establece lo siguiente: “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Investigaciones
En tanto, la Procuraduría Anticorrupción envió un oficio al Ministerio Público para reiterar su pedido de que se tome la declaración del mandatario, en calidad de testigo. Esta medida forma parte de la investigación preliminar abierta el 20 de mayo por las presuntas irregularidades en los contratos de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.
En el oficio, se solicita que el mandatario precise las circunstancias en las que conoció a Richard Cisneros y cual fue el motivo por el que este ciudadano acudió a Palacio de Gobierno. Además, requiere las declaraciones de Miriam Morales, secretaria general de la Presidencia y Karem Roca, asistenta del despacho presidencial.
Dentro del ámbito del Congreso, la Junta de Portavoces rechazó el sábado por la noche la propuesta presentada por la bancada de Frente Amplio para crear una comisión especial que investigue los audios que involucran al mandatario en el caso Richard Swing.