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La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Estado peruano fortalecer el proceso de búsqueda de más de 16,000 desaparecidos en Perú durante la violencia terrorista entre 1980 y 2000, así como la entrega de reparaciones a las víctimas y deudos.
Mediante un comunicado, la Defensoría demandó al Estado contar con una política nacional de reparación que permita obtener el financiamiento necesario para culminar con este proceso, que incluye viviendas y educación, así como la búsqueda e identificación de los desaparecidos.
El Estado peruano ha recuperado 3,964 cuerpos (19.5 %) de los 20.320 reportados como desaparecidos por el Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro (Renade), indicó.
De esta cifra, 2,628 han sido identificados y 2,349 restituidos a sus familiares, estando pendiente la identificación de 1.336 restos que se encuentran en el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público.
Asimismo, “aún falta encontrar 16,356 individuos que permanecen en diferentes sitios de entierro, labor que merece la atención de todas las instituciones involucradas”, precisó la Defensoría.
El adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Percy Castillo, saludó la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030, pero advirtió que preocupa que la meta sea la entrega de respuestas de sólo 40,62 % de las personas desaparecidas.
“Consideramos que el Ministerio de Economía y Finanzas juega un rol fundamental para la implementación de esta labor”, declaró Castillo.
De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, más de 69.000 personas perdieron la vida por la violencia terrorista en el país, 6.443 padecieron actos de tortura o tratos crueles, alrededor de 500.000 peruanos se vieron obligados a desplazarse y miles desaparecieron.
Los principales responsables de esas víctimas fueron las bandas armadas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), mientras que un número menor fue atribuido a las fuerzas armadas y policiales.
Castillo agregó que “a la fecha, se necesita que el ‘Plan Multianual para la atención de las/os beneficiarias/os del Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional al 2021’ se formalice a través de una resolución ministerial”.
De igual forma, que el ministerio de Educación apruebe un nuevo ‘Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las víctimas de la violencia en el Perú (Repaeduca)’, pues el documento vigente desde 2016 vencerá este año.
La Defensoría del Pueblo remarcó que “la extrema gravedad de los hechos descritos exige la mayor atención de parte del Estado”, dado que la labor de reparar no se agota con la expedición de normas o creación de instituciones, sino que “demanda actuaciones concretas y tangibles” en beneficio de las víctimas y sus familiares
