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La Defensoría del Pueblo consideró que, debido a los cuestionamientos contra Javier Arce por la omisión de información sobre sus antecedentes judiciales en su declaración jurada y otras críticas, el Gobierno debería “reevaluar” su designación como ministro de Desarrollo Agrario y Riego.
A través de un comunicado publicado este miércoles 1 de junio, la institución señaló que varios medios de comunicación han denunciado que el funcionario estaría siendo investigado por comisión de diversos delitos y estuvo internado en un centro penitenciario por el delito de usurpación.
“Esto se ve agravado debido a que el referido funcionario, en la declaración jurada exigida por la Ley N°31457 de forma previa a asumir el cargo ministerial, negó tener o haber tenido investigaciones fiscales y condenas en su contra”, resalta la Defensoría.
Esto puede ser considerado como un delito y una “grave afectación del principio de transparencia”, algo que atenta contra los valores que debe tener un ministro de Estado.
La Defensoría del Pueblo recordó que previamente, el 24 de mayo, envió un oficio a Aníbal Torres advirtiendo que Arce no contaba con la formación y experiencia específicas para liderar el sector, especialmente ante la crisis alimentaria que afectará a los más necesitados.
“Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros reevalúen la designación del referido funcionario y la pertinencia de mantenerlo en tan importante cargo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población”, concluyen.
-Javier Arce reconoce omisión-
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado, admitió que no incluyó información en su declaración jurada porque le hicieron llenarla “en 20 minutos”, error que aseguró ya fue subsanado.
“Ha sido un error de mis abogados. Es una omisión administrativa, no es un delito. El día de hoy he presentado al premier el documento con la declaración jurada de acuerdo al reglamento [...] En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de un u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que el día de hoy he presentado a la PCM”, expresó en declaraciones a RPP.
Del mismo modo, el titular del Midagri negó tener antecedentes penales o judiciales, aunque recordó que en el año 1996 fue denunciado por usurpación de funciones por un Juzgado del Cono Norte, acusación que finalmente fue archivada
“Cierto, yo tengo el año 96 una sentencia absolutoria. Cuando tenía 26 años fui el teniente alcalde más joven del país, denuncié a un alcalde corrupto, un árabe, en el distrito de Santa Rosa. Me detuvieron 40 días por usurpación de funciones. Cuando salí, el Jurado Nacional de Elecciones me buscó para que yo asumiera la alcaldía y al final salió una resolución de absolución”, sentenció.
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