Frente al reciente anuncio del Consejo de Ministros de declarar el estado de emergencia en Lima y Callao, con el objetivo de combatir la creciente criminalidad en el país, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte, al titular de la PCM y al ministro del Interior los documentos técnicos que sustentarían esta medida.
Mediante un comunicado, la Defensoría expresó su profunda preocupación por la grave situación de inseguridad ciudadana, que ha visto un incremento en delitos como la extorsión y el sicariato. La institución subraya que es urgente un mayor liderazgo por parte del Ejecutivo y de los operadores de justicia para garantizar una lucha efectiva contra la delincuencia común y el crimen organizado.
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En este sentido, la Defensoría insistió que las medidas excepcionales adoptadas anteriormente, como los estados de emergencia en diversas regiones, no han logrado frenar el aumento de los índices criminales, especialmente en casos de extorsión y sicariato.
“Para nuestra institución, la seguridad ciudadana constituye una línea prioritaria de intervención”, manifestó el Defensor del Pueblo, destacando que, cuando este derecho no es adecuadamente protegido, se afecta el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad y la salud, entre otros. Asimismo, advirtió que esta falta de seguridad socava la institucionalidad y obstaculiza el desarrollo socioeconómico del país.
Por otro lado, reafirmó su postura de que la lucha contra la inseguridad debe ser integral, con un enfoque preventivo centrado en la niñez y la adolescencia. La institución también rechazó las propuestas de medidas populistas como la pena de muerte o la disminución de la edad de responsabilidad penal, argumentando que no contribuyen a una solución efectiva a la criminalidad.
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Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a la destitución inmediata de los funcionarios corruptos dentro de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, que han permitido la infiltración de la criminalidad en estas instituciones.
