Al cierre del primer semestre del año, la Defensoría del Pueblo advierte un incremento sustancial de los casos de corrupción que son materia de investigación a nivel nacional.
De acuerdo al último reporte “Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional”, elaborado por la institución y que recoge información de la Procuraduría Anticorrupción, en los primeros seis meses de este año se registran 6,294 casos de corrupción en trámite a nivel nacional, superando de esta forma la cifra de 5,779 casos registrados durante el segundo semestre de 2023, con un incremento del 9%.
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De acuerdo con el reporte, las municipalidades continúan encabezando la lista de entidades con mayor cantidad de casos de corrupción en trámite, representando más del 38% del total de casos registrados.
En ese sentido, la Defensoría señala que resulta crítico que, solo en 18 departamentos, los gobiernos locales sean las entidades con más casos de corrupción. Les siguen los gobiernos regionales, con un 28% de los casos; y la Policía Nacional del Perú, con un 13%.
En términos geográficos, el departamento de Lima lidera el ranking de casos de corrupción en trámite, con un 19%, seguido por Junín y Cusco, cada uno con 6% de los casos.
El reporte también advierte que el 98.5% de los casos aún se encuentran en etapa de investigación fiscal. Dentro de este porcentaje, el 95.4% (6002) se encuentran en investigación preliminar, que es una fase del proceso penal en la que se busca asegurar los elementos de prueba.
El 3.1% (196 casos) se halla en investigación preparatoria, mientras que solo el 0.7% ha alcanzado la etapa intermedia y de juicio oral. Estos datos evidencian la necesidad de agilizar las investigaciones a nivel fiscal.
Finalmente, se da a conocer que los delitos con mayor incidencia son negociación incompatible, con un 20% (1402); peculado, con un 20 % (1354); y colusión, con un 17% (1176). Asimismo, que solo el 1% (41) de los casos de corrupción son casos emblemáticos, que se caracterizan por la importancia social del bien o servicio público afectado, el número de procesados o el impacto mediático que pueda tener en la sociedad.
Tras darse a conocer estas cifras, el adjunto de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo, Marcos Ibazeta, sostuvo que la institución advierte con preocupación el incremento desmesurado de los casos de corrupción, y sus efectos en el detrimento del erario público.
“De acuerdo a información de la Contraloría General de la República, en 2016 la corrupción originó perjuicios económicos al Estado por 12 mil millones de soles; mientras que, en 2023, el monto fue alrededor de 23 mil millones de soles, por lo que vemos un incremento de casi el doble en siete años”, precisó.
El representante de la Defensoría del Pueblo sostuvo también que las evidencias recogidas en el reporte llevan a la conclusión de que los sistemas de control en el país no estarían funcionando.
“La Defensoría del Pueblo viene analizando el funcionamiento de cada uno de los mecanismos con que cuenta el Estado Peruano para prevenir la corrupción, a fin de emitir recomendaciones que conduzcan a garantizar la eficacia de los mismos”, remarcó.
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