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La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los recientes cambios en el Gabinete Ministerial, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pusiera su cargo a disposición y el mandatario Pedro Castillo no aceptara su renuncia.
A través de un comunicado, consideró “preocupante” la capacidad de propuesta y compromiso que pueda ejercer Torres Vásquez como portavoz del Gobierno, puesto que había anunciado al país su decisión de apartarse del Poder Ejecutivo.
Asimismo, dijo que le llama la atención el cambio de cartera del ministro Geiner Alvarado, que ha pasado del sector Vivienda al sector Transporte, sin haber previamente justificado las razones del incremento presupuestal del 200% que recibió el municipio de Anguía, el mismo que habría sido empleado en la ejecución de 12 proyectos licitados por más de S/ 30 millones, algunos de los cuales habrían sido adjudicados irregularmente.
“A fin de esclarecer este hecho, hemos solicitado información al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Oficio N° 0182-2022-DP/ALCCTEE”, acotó en el documento.
Del mismo modo, criticó que se haya ratificado en el gabinete al ministro del Interior Willy Huerta, quien cuestionó la conformación del equipo policial designado por su antecesor, Mariano González, en apoyo del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder.
La Defensoría también criticó que Huerta haya designado al general en retiro Whitman Ríos como nuevo director general de inteligencia (Digimin), pese a que tendría antecedentes de filtración de información reservada de investigaciones en curso.
“Ríos será superior del coronel Harvey Colchado, integrante del mencionado equipo policial y cuya remoción del mismo fuera solicitada por el propio ministro Huerta”, manifestó.
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La entidad también insistió en que corresponde al gabinete recién conformado actuar en consonancia con la protección de dicho interés general manteniendo a funcionarias, funcionarios y personal calificado de sus ministerios, e incorporando funcionarias/os que respondan al estándar mínimo establecido por la Ley 31419 o superior.
La finalidad es “garantizar una adecuada gestión y el consiguiente establecimiento e implementación de políticas públicas que enfrenten, de manera eficaz, los graves problemas que enfrenta el país”.
“Invocamos al Poder Ejecutivo a poner por delante los intereses del país y de la ciudadanía, para lo cual, en el marco de su función constitucional, supervisará la observancia de los mandatos constitucionales antes citados, y el cumplimiento y efectivo goce de los derechos humanos de todas las personas en el país, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad”, sentenció.
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