La Defensoría del Pueblo se pronunció tras el inicio de diligencias de la Procuraduría General del Estado (PGE) contra su titular, Josué Gutiérrez, por el presunto delito de patrocinio ilegal al recomendar evaluar el impedimento de salida que pesa contra Nadine Heredia.
“Aquí no hay adversarios, ni amigos. Lo que existe es la tutela del derecho por encima de cualquier exquisitez, por eso hoy más que nunca nos reafirmamos con el compromiso que tiene la Defensoría de asumir la defensa de derechos que es un mandato de orden constitucional”, apuntó.
Sobre la solicitud de la ex primera dama para salir del país por un tema de salud a Colombia, el Defensor del Pueblo dijo que hay lineamientos y protocolos que se siguen y son respetuosos de los derechos de todas las personas. “Son temas institucionales, esto no está en la exquisitez de servir a alguien u otro. (...) Es una participación institucional, no personal. Estamos abocándonos a señalar que es la institución la que responde”, mencionó.
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Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, presentó una solicitud ante los miembros de la Sala de Apelaciones, donde se insta a revisar la restricción de viajar al extranjero durante 18 meses impuesta a Nadine Heredia por el juez Richard Concepción Carhuancho, teniendo en cuenta el derecho a la salud de la exprimera dama.
“No es un hecho aislado no es un único caso, son miles de denuncias que llegan a la Defensoría y todas son atendidas de acuerdo a su naturaleza. Atendemos a los 33 millones de peruanos, a los emigrantes con mucho énfasis y naturalmente a las adjutivas que promueven la igualdad de derechos. (...) Eso es un tema de fondo y creo que es el derrotero del camino a andar y naturalmente, en la Defensoría del pueblo no existirá jamas adversarios, enemigos y amigos”, dijo Josué Gutiérrez.
Comentarios de adjuntos
En otro momento, Percy Castillo, adjunto en Derechos Humanos y Personas con Discapacidad señaló que es competencia de la Defensoría del Pueblo intervenir en casos donde se le necesite.
“La Defensoría tiene el deber de intervenir en estos casos analizando si es competencia suya justamente establecer un pronunciamiento. La Defensoría del Pueblo según la ley orgánica se encuentra plenamente facultada para emitir señalamiento de como debe interpretarse una norma o un hecho a todos los jueces, sin que eso signifique una injerencia en la administración de justicia. El juez puede tomar en consideración lo que dice la Defensoría, como no. En ningún sentido el señalamiento de la Defensoría del Pueblo hace tiene un evento vinculante”, señaló.
También agregó que lo único que se señaló en el documento es que todos los jueces tenían el deber de tener presente en que medida una decisión judicial puede afectar el derecho a la salud, “en este caso de la persona que solicita un permiso de viaje”.
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Por otro lado, Rina Rodríguez, adjunta en Asuntos Constitucionales, señaló que la supervisión del acceso a la justicia a nivel nacional ha registrado más de 2,600 quejas sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
“La garantía al derecho de la salud es importante. No solo es recibir una atención a través de entrevista con medico, sino también garantizar que se realice la medicación respectiva, así como se realice o practique exámenes médicos especializados que puede requerirse para un diagnóstico”, manifestó.
Finalmente, dijo que no es la primera vez que la Defensoría tiene intervenciones así en múltiples casos y fija una postura.
“La Defensoría le dice al juez, cuando tiene mayores elementos de convicción, le señala cual es el criterio o convencimiento institucional sobre una materia. Pretender restringir la intervención de la Defensoría del Pueblo en Poderes Judiciales afecta los derechos de la ciudadanía en su conjunto y no se puede admitir. Que se pretenda excluir a la Defensoría de la posibilidad de intervenir en un proceso y recordar al juez cual es el compromiso que tiene con los Derechos Humanos”, apuntó.
