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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo sentirse “indagando” ante el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado peruano no adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.
“Estoy indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, señaló a la prensa tras realizar el Consejo de Ministros.
Añadió que “resulta intolerable” que llame a los tres poderes del Estado de un Estado soberano para impedir que ejerza las funciones que constitucionalmente les ha sido atribuidas.
“Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado, es decir el Poder Judicial y El Poder Legislativo a efectos de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta, manifestando por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”, apuntó.
Corte IDH pide que Perú presente informe
La Corte IDH solicitó al Perú que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto.
Además, deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.
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Por otro lado, la Corte IDH también requirió a los representantes de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas, contadas a partir de la notificación de los informes del Estado.
También pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presente sus observaciones a los informes estatales dentro de un plazo de dos semanas, contadas a partir de la recepción de las observaciones de las representantes.
Se trata de un proyecto de ley multipartidario, promovido por los legisladores José Cueto (Honor y Democracia) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que requiere una segunda votación en el pleno, a fin de de ser enviado al Poder Ejecutivo.
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