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La Contraloría General de la República advirtió que hay una situación irregular con la designación de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, quien ocupa el cargo desde el mes de febrero de este 2022 en reemplazo de Daniel Soria.
A través de un informe emitido por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se precia que hay una “situación adversa” que amerita adoptar acciones en el sector.
“No se solicitó la declaración jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado, no obstante que se encontraba comprendida en hechos denunciados que la involucraban y que vienen siendo evaluados por órganos que son dependientes de su despacho”, advierte el documento.
Según Contraloría, esto genera un riesgo al principio de justicia y equidad, así como la posibilidad que haya conflictos en las relaciones laborales.
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El detalle del informe es que el 20 de julio del 2022, la Subgerencia de Control del Sector Justicia, Político y Electoral encargó al OCI del ministerio que se recopile la información de la designación de Caruajulca el 25 de febrero de este año.
La comisión que se formó revisó la documentación y detectó que la administración del Minjusdh y de la Procuraduría General de la República no solicitaron la declaración jurada establecida por la norma.
María Aurora Caruajulca Quispe fue designada luego que se removiera del cargo a Daniel Soria, exprocurador general que pidió a la Fiscalía de la Nación investigar al presidente Pedro Castillo por el caso Puente Tarata.
