El Pleno del Congreso aprobó suspender, con 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, por 120 días a la congresista no agrupada María del Pilar Cordero Jon Tay por el recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho congresal; la presunta comisión del delito de concusión se encuentra tipificado en el artículo 382 del Código Penal.
Así el Congreso aprobó el informe final del expediente 122 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes, por 120 días de legislatura, de la congresista Cordero Jon Tay.
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Cuestionamientos
Cordero Jon Tay es acusada de vulnerar los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria y los artículos 3, 4, 6 y 8 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, luego de ser denunciada por exigir a su favor hasta el 75% de la remuneración de su trabajador asignado a la Comisión Especial del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT).
De acuerdo con el informe de la Comisión de Ética, se le imputa a la parlamentaria exigir a su trabajador que cubra con su sueldo los gastos de los viajes realizados en la semana de representación.
Argumentos
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), sostuvo que el caso fue investigado a raíz de una denuncia de parte, realizada por la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular).
Asimismo, el legislador detalló que su grupo legislativo, para llegar a la conclusión de recomendar la suspensión de Cordero, recabó información, realizó dos audiencias y recibió los descargos de la denunciada.
En esa línea, Bazán detalló que la legisladora ha alegado, a través de un oficio, que no ha cometido ningún delito y que, en las audiencias que ha sido convocada, solo ha participado su abogado.
Agregó que una de las víctimas fue el ex trabajador Rafael Cabrejos Vela, quien dijo que fue la persona que grabó los audios, donde se escucha a la parlamentaria exigirle el pago de una parte de su salario, su gratificación y bonos. También dijo que el dinero era recabado por Braden Paredes, un trabajador del Parlamento y cercano a Cordero.
La parlamentaria no acudió a la sesión del Pleno del Congreso para defenderse y presentó una licencia de salud a fin de que su caso pueda discutirse en una próxima sesión. Cordero alegó que se encuentra internada en la clínica Jesús del Norte, debido a que tiene una artrosis lumbar.
Al respecto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, decidió continuar con la sesión, ya que la congresista Jon Tay había sido citada en más de una oportunidad para su participación en el debate del informe en su contra en la Comisión de Ética.