El congresista de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, Juan Burgos, presentó un proyecto de ley con la finalidad de eliminar la entrega del financiamiento público directo de los partidos políticos con representación en el Parlamento.
Esto, con la finalidad de “evitar el uso incorrecto de fondos del erario nacional y fortalecer la gestión pública”.
Para dicho fin, el legislador plantea derogar el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), así como el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios aprobado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“ONPE en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) establecen de manera urgente mecanismos y herramientas para supervisar eficazmente el financiamiento privado de los partidos políticos”, se lee en la norma.
Actualmente los partidos están autorizados en destinar el 50% del financiamiento público que reciben en gastos de financiamiento ordinario, como adquisición de bienes, contratación de personal, y servicios directos, mientras que el otro 50% deben gastarlo en actividades de formación y capacitación de cuadros partidarios, investigación y difusión.
Los argumentos para eliminar el financiamiento
Si bien la regulación del financiamiento público directo pretende, entre otras cosas, evitar la filtración de dinero de actividades ilícitas, Burgos identificó en su proyecto una serie de argumentos que justificarían su eliminación.
Estos son: se utiliza el dinero para contratar a personas investigadas y/o condenadas por delitos contra el Estado, la capacitación y formación de cuadros políticos no es eficaz, los partidos que más financiamiento reciben son los que menos invierten, las labores de investigación son deficientes, se contratan proveedores sin experiencia y no se realizan las rendiciones de cuenta de manera oportuna, entre otros motivos.
“El financiamiento de los partidos no implica necesariamente que reciban menos aportes de origen privado, sino que se recurre a estrategias de ocultamiento como ocurrió en el denominado caso Cocteles”, se lee en el texto.
Ante esta situación, en la norma se precisa que la eliminación del financiamiento público directo generaría una mayor independencia y responsabilidad financiera, así como fortalecería la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas.
“La eliminación del financiamiento público a los partidos busca fomentar su independencia y autonomía financiera, teniendo en cuenta que la dependencia excesiva de fondos públicos puede generar conflictos de interés y comprometer la capacidad de los partidos para representar de manera genuina los intereses de la ciudadanía”, se añade en el proyecto.