Tras la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso de la República del Perú parece haber sumado a un nuevo rival, con el que ya ha iniciado un enfrentamiento.
El presidente de dicha institución, Alejandro Soto, informó en su cuenta de la red social “X” que no permitirá que se ejecute ninguna eventual orden de allanamiento contra los despachos de los congresistas que vienen siendo investigados en el marco del caso que involucra a la presunta organización criminal que habría liderado Patricia Benavides.
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“Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”, aseveró.
Soto hizo hincapié en la declaración que hizo Edgar Tello en sus redes sociales. El parlamentario del Bloque Magisterial dejó entrever que en las próximas semanas se ejecutarían allanamientos a los domicilios y despachos de varios legisladores, “motivado aparentemente por la fiscal suprema Delia Espinoza”.
“Su único objetivo es amedrentar a los congresistas que firmamos por su inhabilitación por 10 años al cometer una infracción constitucional abusando de su cargo”, añadió el legislador, quien junto a Soto vienen siendo investigados por Espinoza.
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¿Cómo inició este enfrentamiento entre Congreso y Fiscalía?
Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho, patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
Tras conocerse esta noticia, la respuesta desde el Parlamento no se hizo esperar. Los legisladores Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional, junto a Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero Jon Tay, contra Delia Espinoza por haberlos incluido en la investigación que se le sigue a Benavides.
A la fiscal suprema se le atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. Además, se le acusa de haber cometido infracción de los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución.
En ese sentido, se pide que Espinoza sea destituida e inhabilitada en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
Los congresistas afirman que la fiscal suprema no tiene competencia para investigarlos y que solo el fiscal de la Nación puede realizar esta medida.
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