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Casi un mes después de iniciar una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta falta grave, la comisión de Justicia del Congreso presentó ayer su informe final, que sería sometido hoy votación.
Sin embargo, a pedido de los integrantes del grupo de trabajo, la presidenta de la comisión, Janet Rivas, acordó pasar el debate del documento a un cuarto intermedio a fin de hacer algunos ajustes.
También se esperará la decisión que adopte el Pleno del Congreso sobre la moción presentada por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, para ampliar la pesquisa de la comisión, por siete días más, a fin de incluir una nueva denuncia: las presuntas irregularidades en la designación del jefe de control de la Fiscalía, Juan Fernández Jerí, a cargo de la JNJ.
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Durante el debate, el legislador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, consideró que hay una clara intención por parte de la comisión de proteger a los miembros de la JNJ.
“Se esperaba más rigurosidad en el trabajo de la comisión, es lamentable. Tenemos a una magistrada (Inés Tello) que sigue ejerciendo el cargo al margen de la ley, pero lo más grave es la falta de respeto a nuestra Constitución al hacer una interpretación auténtica para mantenerla en el cargo”, cuestionó.
A juicio del legislador, hubo un claro adelanto de opinión por parte de los miembros de la JNJ para proteger a una exfiscal, en referencia a Zoraida Ávalos.
En la misma línea, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, remarcó que el pronunciamiento que publicaron los magistrados de dicha institución en favor de Ávalos “fue político”, por lo que consideró que eso pone en duda su legitimidad.
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“Encuentro en el informe, por ejemplo, que se establece que el hecho de que no haya repercutido el comunicado (de la JNJ) en la decisión del Congreso, no habría causa grave (...) Considero que es un error porque estamos evaluando el acto mismo”, enfatizó.
Flavio Cruz, de Perú Libre, solicitó a Rivas que se tome un tiempo adicional para analizar y revisar los nuevos elementos que ingresaron al Parlamento respecto al caso, como la denuncia que hizo el exfiscal Tomás Gálvez el pasado 10 de octubre, así como la moción presentada por Chirinos.
En respuesta, la titular de la comisión aseveró que en su informe final “no existe ningún favorecimiento hacia nadie” y que se realizó un trabajo objetivo y parcial.
“La decisión no la tomaré yo sola, acá están ustedes para hacer modificaciones. Lo aprobaremos de manera conjunta”, apuntó Rivas.
Agregó que el nuevo informe final, con las modificaciones del caso, será debatido hoy a partir de las 8:00 p.m.
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¿Qué plantea el informe final de la comisión de Justicia?
Estos son: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
En las recomendaciones solo se exhorta a los integrantes de la JNJ a “evitar pronunciarse sobre casos particulares y procesos que son ventilados en el fuero de otro poder del Estado”.
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Cabe recordar que en agosto pasado Chirinos presentó ante el Pleno una moción para investigar a estos siete magistrados por haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida Ávalos.
También por una presunta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a la exfiscal de la Nación.
Respecto al primer punto, la comisión determinó que “no se encuentra causa grave” toda vez que, el comunicado escrito, colgado y difundido es un documento público que no causó efecto en el proceso que llevó el Congreso, ni causó presión alguna sobre los congresistas que votaron en contra de Ávalos.
En cuanto al segundo punto, el grupo de trabajo concluyó que “no es posible determinar la existencia de causa grave” debido a que luego del análisis de los hechos y las declaraciones de los involucrados, así como tras revisar las denuncias difundidas en los medios de comunicación sobre una supuesta intromisión ante los miembros de la Corte de Suprema, “no genera el mínimo de certeza requerido, toda vez que no existe medio probatorio alguno que permita corroborar su veracidad”.
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