La decisión fue respalda por 104 legisladores, mientras que 3 se opusieron y se registraron 3 abstenciones.
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Por mayoría, también se aprobó la exoneración de la segunda votación, por lo que quedó lista para su promulgación por parte del Ejecutivo o, de lo contrario, su respectiva observación.
La norma en mención, impulsada por la bancada de Avanza País, propone incorporar un artículo a la Ley N° 27693, que crea la UIF.
“La Unidad Especial o Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), así como la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP, luego de recibir una o más denuncias por el delito de extorsión, puede requerir a la UIF el congelamiento administrativo inmediato de las cuentas del sistema financiero de titulares presuntamente vinculados a dicho delito. Para tal fin, la Policía debe acompañar su requerimiento con pruebas que sustenten el congelamiento administrativo de las referidas cuentas”, se lee en el texto.
Tras su aprobación, se precisa que el Gobierno deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor de 60 días calendario contados a partir de su entrada en vigor.
“La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) dicta las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley”, añade el dictamen.
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Finalmente, se estipula en la norma que la PNP, en el ejercicio de sus acciones de inteligencia, “puede interceptar las comunicaciones ilegales que provengan de los establecimientos penitenciarios con la finalidad de prevenir, investigar y perseguir el delito”.
Es vital la interceptación de las comunicaciones ilegales en penales
Durante su intervención, la presidenta de la comisión de Defensa, Adriana Tudela, recordó que la comisión del delito de extorsión ha crecido exponencialmente en los dos últimos años, por lo que enfatizó que los beneficios que trae consigo esta norma “son significativos”.
“La extorsión es un tipo penal que se debe enfrentar con la mayor rapidez, precisión e inteligencia posible dada su complejidad, por lo que un congelamiento administrativo de las cuentas bancarias (de los involucrados) representan un bloqueo económico inmediato contra los delincuentes”, acotó.
Con ello, según dijo, se evitará que esa cuenta sea utilizada para la comisión de más ilícitos penales de la misma naturaleza o materias conexas.
La congresista también cuestionó que los bloqueadores de señales de internet y telefonía celular en los penales no están funcionando debido a que hoy en día un gran parte de las extorsiones provienen desde dichos recintos.
“Sin perjuicio que este problema tiene que ser solucionado, considero vital interceptar las comunicaciones ilegales que se hagan dentro de los penales porque esto puede ser sumamente útil para la investigación de delitos complejos”, enfatizó.
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