El Poder Judicial instalará el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, y otros veinte procesados por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión municipal.
La audiencia se realizará este 23 de setiembre de forma presencial a las 9:00 a.m. en la sede judicial Carlos Zavala Loayza, en el Cercado de Lima.
La Fiscalía responsabiliza a Villarán de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo propio y lavado de activos, y ha solicitado 29 años de prisión en su contra. Entre los casos que forman parte del expediente se encuentran las campañas “No a la Revocatoria” y “Reelección”, así como los contratos de concesión de Rutas de Lima, Línea Amarilla y la Vía Expresa Sur.
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El proceso estará a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrado por los jueces Nayko Techy Coronado Salazar, Max Oliver Vengoa Valdiglesias y Wilmer Roy Quispe Umasi.
El juicio oral incluye a 21 acusados, además de representantes de entidades jurídicas y terceros civilmente responsables. El Estado Peruano figura como parte agraviada, mientras que la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht participa como actor civil en búsqueda de reparación económica.
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Junto con Villarán, afrontan cargos varios exfuncionarios de su gestión, entre ellos el fallecido José Miguel Castro (quien por obvias razones no será considerado en el proceso, pero si obra en el expediente) y Domingo Arzubialde Elorrieta, señalados también por delitos de corrupción y lavado de activos.
Entre los terceros civilmente responsables se encuentran empresas vinculadas a los proyectos investigados, como Concesionaria Rutas de Lima S.A.C., Constructora Norberto Odebrecht S.A., y Ogilvy & Mather S.A., además de la asociación Ciudadanos por Lima.
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El Ministerio Público ha presentado 378 testigos (319 nacionales y 60 extranjeros), además de más de 600 documentos, pericias y pruebas materiales. El volumen del expediente motivó que el tribunal estableciera un plazo de cuatro meses para la organización del proceso.
Asimismo, se advirtió a los acusados que la inasistencia injustificada a la audiencia permitirá declararlos contumaces, lo que habilitaría órdenes de captura o conducción compulsiva.
