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El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, revisará este sábado 8 de agosto documentación que incautó de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para sus investigaciones por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori en el caso Odebrecht.
Así lo revela la disposición fiscal N° 166 del 29 de julio y a la que accedió Gestión. Como se recuerda, el 29 de noviembre de 2019, mientras se realizaba el tercer día de la CADE Ejecutivos en Paracas, Pérez allanó la sede de la Confiep, ubicada en San Isidro.
La medida fue autorizada por el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.
La diligencia tuvo por objetivo encontrar documentación como facturas, boletas, certificados de donación y cualquier otro vinculados a donaciones, recepción o entrega de dinero que hizo Confiep para campaña de Keiko Fujimori de los años 2011 y 2016.
“Programar las diligencias de deslacrado e individualización de especies incautadas durante el allanamiento del inmueble ubicado en la avenida Víctor Andrés Belaunde N° 147, Edificio Real 3-Oficina 401, San Isidro, diligencia a realizarse los días 8, 15 y 22 de agosto a las 9 a.m en las instalaciones de la Fiscalía ubicada en Jirón Santa Rosa 260, cuarto piso, Cercado de Lima”, se lee en la disposición.
Oficio al banco Scotiabank
Según la disposición fiscal N° 166, el fiscal José Domingo Pérez también tiene en su agenda la entrega de los dictamenes periciales a las campañas del fujimorismo de los años 2011 y 2016, los días 14 y 26 de setiembre, respectivamente.
Igualmente, Pérez mandará un oficio al banco Scotiabank en el que solicitará los estados de cuentas mensuales del partido Fuerza Popular del periodo enero 2015 a diciembre 2016.
De acuerdo la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011. Para ello, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera de Odebrecht US$1.2 millones, dinero que provenía de actos de corrupción.
A cambio de este aporte, una vez en el poder, Fujimori debía entregar a la constructora brasileña “la ejecución de obras sobrevaloradas; en el Poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.
“Esto se ocultó a través de actividades proselitistas, como los cócteles o las campañas para recaudación de fondos”, dijo Pérez en distintas audiencias
