Comisión de Justicia aprueba sanción de hasta 4 años de prisión por delito de amenaza

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que propone penas de prisión de 2 a 4 años para quienes, de manera intencional y sin motivaciones económicas, amenacen a una persona o a su familia con cometer delitos que impliquen homicidio.

Las amenazas efectuadas a través de teléfono, plataformas de mensajería u otros medios de comunicación serán sancionadas con la pena privativa de libertad señalada.

Además, el dictamen incluye sanciones por amenazas de causar lesiones, aborto, tortura, afectaciones a la libertad sexual, intimidad, honor, patrimonio o integridad moral. Esta propuesta, presentada por la congresista Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), busca modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 151-B.

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Modificaciones al Código Penal

En la tercera sesión ordinaria de la comisión, se aprobó un cuarto intermedio solicitado por la congresista Gladys Echaíz Núñez (Honor y Democracia) para el dictamen de los proyectos de ley 950/2021-CR, 7124/2023-CR, 7964/2023-CR y 8393/2023-CR. Estos proyectos, con un texto sustitutorio, plantean modificar el Código Penal (Decreto Legislativo 635) y otros decretos legislativos vinculados a la vigilancia electrónica personal y la conversión de penas.

La solicitud de cuarto intermedio se hizo con el fin de estudiar más a fondo la propuesta y ampliar el debate, con la participación de especialistas en el tema, ya que, según Echaíz y otros congresistas como Alejandro Cavero (Avanza País) y Alex Paredes (Bloque Magisterial), el dictamen no cumplía completamente con los objetivos de la lucha contra la corrupción.

Otros proyectos

Otro dictamen, que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) para fortalecer el proceso penal en la lucha contra la criminalidad, también fue pasado a un cuarto intermedio. Este fue un pedido de la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), quien consideró que dicha modificación podría requerir cambios constitucionales y, por tanto, necesitaba mayor análisis.

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Asimismo, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) presentó su Proyecto de Ley 6476/2023-CR, que propone asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos relacionados.