La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó hoy, lunes 19 de octubre, el informe que recomienda suspender al diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por 120 días
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El debate fue conducido por el presidente del grupo de trabajo, Henry Albañil, perteneciente a la agrupación Partido Cívico Obras. La votación concluyó con 5 votos a favor y 1 voto en contra, de la legisladora Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú).
Cabe precisar que, paralelo al procedimiento disciplinario, el Ministerio Público mantiene una investigación penal contra Pérez Mallqui por los mismos hechos de agresión denunciados.
La sesión del grupo parlamentario será dirigida por Henry Albañil, de la bancada Partido Cívico Obras. Foto: GEC
Ahora, la recomendación de sanción será elevada a la mesa directiva para que el pleno de la Cámara de Diputados proceda con la evaluación y ratificación final.
Sustento del expediente y antecedentes del caso
De acuerdo con el informe final correspondiente al expediente 001-2026-2027/CEP-CD, el diputado Julián Pérez Mallqui vulneró la imagen institucional del Poder Legislativo al haber sido detenido en flagrancia. El documento técnico concluyó que la conducta del parlamentario contravino los deberes de representación, justificando la recomendación de la máxima sanción administrativa bajo la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad estipulados en el reglamento interno.
El legislador fue intervenido por la Policía Nacional del Perú el jueves 30 de julio, pocas horas después de haber jurado al cargo. Los hechos convirtieron este caso en la primera investigación formal procesada por la Comisión de Ética Parlamentaria durante el presente periodo de sesiones. En forma paralela al procedimiento parlamentario, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para determinar la responsabilidad penal del investigado.
Procesos en el fuero judicial y pericias médicas
A nivel del Poder Judicial, Julián Pérez Mallqui permanece bajo investigación en la Fiscalía Suprema de Familia por la presunta comisión del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. En el marco de este proceso, el legislador presentó un recurso de tutela de derechos ante el Juzgado de Investigación Preparatoria para solicitar la exclusión del certificado médico legista practicado a la denunciante, alegando supuesta ilicitud en la obtención de la prueba.
El reporte oficial consignado en el Certificado Legal N.°039118-VFL, elaborado el 30 de julio de 2026, acreditó que la víctima presentaba lesiones traumáticas recientes.
