Los congresistas Roberto Sánchez y Ruth Luque, de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que propone eliminar la reducción del plazo de la prescripción de la acción penal y derogar la Ley 31751, que benefició al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).
La iniciativa legislativa plantea la modificación del artículo 84 del Código Penal, Decreto Legislativo N° 635 y el artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.
En los fundamentos de la propuesta, los parlamentarios indican que el principal cuestionamiento de la también denominada ‘Ley Soto’ es que ha otorgado un margen de impunidad muy amplio y “que los principales beneficiados serán los agentes políticos”.
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“La ley aprobada parece no tener ningún interés legítimo y técnico para mejorar o precisar la regulación vigente, sino el de cumplir un objetivo político: blindar a personas que tenían procesos penales pendientes resolviéndolos en aplicación de esta ley modificatoria que reduce el tiempo para la prescripción”, agrega el documento.
Asimismo, sostiene que en la situación actual del país, esta norma solo contribuye a profundizar la crisis política y social de legitimidad y representatividad que mantiene el Congreso de la República y, en general, la clase política peruana.
“Lejos de corresponder una discusión técnica que podría resultar impertinente en las actuales circunstancias, corresponde dar una solución política rápida y efectiva que impida el aprovechamiento político de parte de personas con capacidad de poder e influencia, a fin de suprimir la figura controvertida, a la espera de que en un futuro próximo se debata de modo amplio y extenso cuáles podrían ser los mejores criterios respecto a plazos y prolongación de procesos penales”, sostienen Sánchez y Luque.
Del mismo modo, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático) presentó otro proyecto de ley que tiene la misma finalidad: modificar el artículo 84 del Código Penal, Decreto Legislativo N° 635 y el artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.
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Como se recuerda, la Ley 31751 fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo pasado y estableció acortar a un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para todos los procesos. Esta norma fue apoyada por Alejandro Soto.
Pocas semanas después de la aprobación, el ahora titular del Parlamento evitó recibir una condena de 8 años y 8 meses que el Poder Judicial iba a dictar en su contra por la denuncia interpuesta por la empresa de transportes Waynapicchu por el delito de estafa.
