:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/HZUKMNUWIZFBZB2BAUZECQPBV4.jpg)
El Congreso declaró la vacancia del cargo del parlamentario de Alianza Para el Progreso Benicio Ríos, quien tiene en su contra una sentencia de siete años de cárcel efectiva por el delito de colusión agravada.
A través de la publicación de la resolución 1-2018-2019-P-CR, el Parlamento oficializó la decisión que fue tomada hace dos semanas, durante el pleno del 23 de agosto: que Benicio Ríos pierda su inmunidad parlamentaria para que las autoridades puedan detenerlo.
Aquella decisión se tomó con 82 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, luego que el Poder Judicial solicitara, a través de su Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, autorización para poder ejecutar la condena contra Ríos Ocsa.
Pese a la declaratoria de vacancia del cargo de congresista y, con esto, la eliminación de su inmunidad parlamentaria, Benicio Ríos Ocsa permanece como prófugo.
Cabe recordar que el lunes antes de que el Congreso accediera al pedido del Poder Judicial, Benicio Ríos brindó una conferencia de prensa en los pasillos del Parlamento para asegurar que se sometería a la decisión que tome el pleno sobre su caso. Desde entonces, permanece como no habido.
El Congreso también ofició al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la solicitud para que proceda a emitir la credencial correspondiente para que la accesitaria de Benicio Ríos, Luz Rebeca Cruz Tévez, pueda asumir el cargo.
En abril de este año, el juez Jimmy Manchego, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco, sentenció a siete años de cárcel a Benicio Ríos por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de un terreno de relleno sanitario en el distrito de Maras cuando era alcalde de Urubamba entre los años 2007 y 2010.
Esta decisión fue ratificada en segunda instancia por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco en mayo.
Recién en julio de este año, el Congreso dispuso que Benicio Ríos deje de recibir su sueldo y gastos de representación, así como la devolución de los ingresos que recibió a pesar de no haber realizado actividad parlamentaria tras la ratificación de su condena.
