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Además, se detuvo a los exasesores del Ministerio Público Miguel Girao y Abel Hurtado, el abogado Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha Gonzáles, el empresario Giancarlo Valer Enciso, entre otras personas más. Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, etc.
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Sin embargo, esa no es la única licitación en la que Benavides habría intervenido para beneficiar a una empresa. En otro extremo de su declaración, el aspirante a colaborador eficaz narró como Valer contactó a la suspendida fiscal de la Nación a fin de ofrecerle S/1′000,000 a cambio de ayudar a una compañía a ganar un proceso de contratación en su institución.
El contacto habría sido la exasesora de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag, quien se comunicó con el exasesor de la Fiscalía y actual aspirante a colaborador eficaz, Jaime Villanueva, a fin de informarle que Valer quería reunirse con este.
La reunión se habría realizado en los primeros días de junio del 2023, en la casa de Valer, en Surco. Además del empresario, Asayag y Villanueva, también estaban presentes Girao y el exabogado de Boluarte, Oscar Nieves Vela.
“En esta reunión, Valer les comentó a los asesores de Benavides que en los próximos días se lanzaría en el Ministerio Público la licitación para adquirir un Data Center por un monto aproximado de S/ 130 millones. Además, el empresario les manifestó a los asesores de la exfiscal de la Nación que una empresa vinculada a él se presentaría como postor en la licitación pública antes citada y que si lo ayudaban en su direccionamiento, ellos ganarían una “buena cantidad de dinero”, propuesta que habría sido aceptada por Girao y Villanueva”, se lee en la resolución judicial, a la que accedió Gestión.
Los detalles y especificaciones técnicas sobre el proceso que debía ser direccionado se conocerían en otra próxima reunión. Las personas presentes en la cita intercambiaron números telefónicos.
Adicionalmente, Valer les informó que en cualquier proceso de contratación que tenga el Ministerio Público, él tenía amigos empresarios a los que se les podría ayudar para que se les otorgue la buena pro en las licitaciones y, a cambio, “ellos recibirían un porcentaje total del costo total de la licitación”, ante lo cual ambos exasesores de la Fiscalía se mostraron de acuerdos e interesados.
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Días después, Villanueva y Girao consideraron que era necesario reunirse con Jorge Palomino Quesada, gerente central de la Oficina General de Logística del Ministerio Público. En dicha cita, Villanueva le indicó a Palomino que tenían un amigo empresario interesado en participar en cualquier proceso de contratación que esté realizando la institución y que, si le ayudaba para que sus empresas vinculadas gane la buena pro, estos recibirían grandes sumas de dinero, ante lo cual, el funcionario les dijo que había un proceso de licitación pública para contratar a una empresa de limpieza.
En otra reunión posterior, Valer les dijo a Villanueva y Girao que la prioridad era que realizaran todas las gestiones posibles con Benavides para que su empresa gane la licitación respecto a la implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia de la institución, pues la contratación pública en cuestión superaba los S/ 140 millones.
Además, el empresario le habría precisado a Villanueva que otra empresa se presentaría como postor en esa licitación pública que estaría concertando con otros funcionarios para direccionar esa contratación y, producto de ello, ganarían grandes sumas de dinero de las coimas que recibirían y que no era congruente que funcionarios de menor rango ganen más dinero en comparación que con ellos. Los exasesores se habrían comprometido con la causa ilícita.
Es así que el 14 de junio del 2023, la Gerencia de Abastecimientos, a cargo de Jenny Ochante, solicitó vía correo electrónico a las Naciones Unidas la publicación de la solicitud de ofertas para la implementación de este centro de cómputo. Al día siguiente, el 15 de junio del 2023, los datos de la Licitación Pública Internacional fueron publicados en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
El ofrecimiento de dinero y la “actuación de Benavides”
En agosto del 2023, Valer llamó vía SIGNAL a Villanueva para reunirse en una oficina que tiene en Surco. Ahí el empresario le dio a este los detalles del proceso de licitación que estaba en desarrollo en ese momento, la fuente de financiamiento, el costo que era más de S/ 130 millones, entre otros datos del comité de selección.
“Momentos después, Valer precisó a Villanueva y Girao lo determinante que era su influencia para que esa licitación pública pueda ser direccionada y que una de las empresas vinculadas a él gane la buena pro, pues por esa ayuda, cada uno de ellos recibirán la suma de S/ 500,000, acordando en realizar esfuerzos para dar cumplimento a su acuerdo ilícito”, añade el texto.
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Tras esa reunión, tanto Villanueva como Girao se habrían dedicado exclusivamente a buscar la forma de poder direccionar la licitación pública en cuestión, tratando de influir sobre los miembros del comité de selección o sobre la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora, Natalia Urbano Ramírez; sin embargo, no tuvieron mayores resultados.
“Era necesario trasladar dicha acción ilícita a la máxima autoridad del Ministerio Público, Patricia Benavides, pero antes de ello Villanueva debía coordinar con Valer para que precise cuánto dinero ofrecería a la suspendida fiscal de la Nación por direccionar la licitación pública en cuestión”, se lee en la resolución.
Al respecto, Villanueva se comunicó con Enciso y le informó que era necesario reunirse, por lo que, al día siguiente, ambos se juntaron en un edificio de Surco y el exasesor de la Fiscalía le trasladó el petitorio al empresario, a lo que este le dijo que en una próxima reunión les daría la respuesta.
Días después, el empresario se volvió a reunir con Villanueva y le informó que había acordado con los socios de la empresa postora en la licitación que si Benavides lograba direccionar el proceso de contratación e influir en los funcionarios competentes para favorecer a su compañía, Valer, por encargo de los socios de la empresa postora, le entregaría a ella la suma de S/ 1′000,000. El exasesor del Ministerio Público estuvo de acuerdo.
Al día siguiente, Villanueva se reunió con Benavides y le contó todo lo que había hablado con Valer. Según cuenta el aspirante a colaborador eficaz, la suspendida fiscal de la Nación aceptó hacerse de esa cantidad de dinero, por lo que el exasesor le hizo entrega de los datos de la empresa. Ella se habría comprometido a averiguar los detalles del proceso.
“En los días siguientes, Benavides llamaba a su despacho a Villanueva y le dio detalles de la información obtenida sobre la licitación pública internacional para la implementación del Data Center, evidenciándose su compromiso con el acuerdo ilícito”, se advierte en la resolución.
Ante las dificultades de poder influir directamente con la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora y los miembros titulares del Comité de Selección, Valer, Villanueva, Girao y Benavides “habrían acordado ilícitamente cesar del cargo a la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora y colocar a otro funcionario para que se adecue a los lineamientos ilícitos de la organización”, para así favorecer a la empresa vinculada al empresario.
Se acordó que Valer sería la persona que proporcionaría el nombre del funcionario que asumiría dicho cargo. En razón de ello, el empresario habría tomado contacto con Blanca Arce Barboza, una profesional ligada a las actividades de consultoría y procesos de contratación pública con el BID y Banco Mundial, pues ellos ya se conocían desde octubre 2021, cuando trabajaban en PROCIENCIA, que es la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Tanto Villanueva como Girao, con conocimiento de Benavides, continuaban al tanto del proceso de licitación y habrían influenciado para que Ochante Cahuana forme parte del Comité de Selección. Ello, aprovechando que Arce Barboza, la persona que ellos mismos habrían colocado, disponga el cambio en la conformación del comité, para que así ante cualquier eventualidad de riesgo que no sea favorecida la empresa vinculada a Valer, esa persona actúe en representación de los intereses de la organización criminal.
“Es así que Valer, aprovechando su cercanía con Arce habría concertado con esta para que Ochante forme parte del comité de selección titular y pueda hacer cualquier argucia para que la empresa vinculada al empresario pueda verse favorecida con esa millonaria contratación”, se lee en el documento.
Cabe precisar que, hasta la fecha, la licitación para adquirir un Data Center principal y un Data Center de contingencia para el Ministerio Público aún no ha sido adjudicado a alguna empresa, pues se estaría buscando que la compañía ganadora sea aquella que se ha pretendido con antelación, que es la empresa vinculada a Valer.
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