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Como era de esperarse, esta medida fue cuestionada en el Congreso de la República del Perú. Diversos legisladores consideraron que el Poder Judicial no puede interferir en las decisiones del Parlamento y demandaron al procurador de la institución que lleve esta controversia hasta el Tribunal Constitucional (TC).
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Al respecto, el titular de la Corte Suprema, Javier Arévalo, negó que exista un enfrentamiento entre su institución y el Legislativo por el fallo que repuso en sus cargos a Tello y Vásquez en la JNJ.
“No hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Congreso. Lo que existe es una sentencia que se ha cumplido. Pero no se trata de una política del Poder Judicial contra el Congreso. Cada juez responde por sus sentencias. Una sentencia no puede crear un conflicto de poderes”, indicó.
El magistrado descartó que los legisladores vayan a utilizar este fallo como represalia para no aprobar una serie de proyectos presentados por su despacho.
En ese sentido, pidió al Parlamento que apruebe el proyecto de ley de flagrancia, la cual va a permitir contar con más jueces, así como también más laboratorios de criminalística.
Añadió que hay otras iniciativas presentadas que se encuentran actualmente entrampados en las comisiones parlamentarias, como la Oralidad Civil y la Ley Procesal del Trabajo.
“Tenemos el proyecto de la reforma de competencia de la ley procesal de trabajo que va a favorecer a los trabajadores, el proyecto de ley de flagrancia, varios proyectos que están detenidos y que benefician a todo el país. Esperemos que el Congreso los acelere”, remarcó.
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“Austeridad fiscal no debe afectar al sector justicia”
En otro momento, Arévalo expresó su preocupación por el Decreto de Urgencia (DU) emitido por el Ejecutivo que establece medidas en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal. A su juicio, esta medida va a afectar la lucha contra la criminalidad.
“El sábado salió publicada una norma de austeridad fiscal, la cual está bien, pero lo que no puede hacer es golpear a sectores que sí deben gastar, estoy hablando del sector justicia. Qué austeridad más puedo hacer cuando lo poco que tengo, estoy viendo cómo lo usamos. Hay que hacer austeridad en otras cosas, pero no en el sector salud o justicia”, expresó.
Y es que dicha disposición, además de distorsionar por completo la finalidad de la Ley 31358 y sus modificatorias, pretende dictar a la Contraloría cuáles son los actos que deben y no deben ser materia del control concurrente, modelo que precisamente emite las alertas de presuntos actos de corrupción, contraviniendo lo aprobado por el Congreso.
Solo en el 2023 se emitieron y publicaron más de 12,000 alertas de posibles hechos de corrupción e inconducta funcional y, adicionalmente, en el mismo período la Contraloría señaló la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de más de 9,300 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 2,900 corresponden al Ejecutivo.
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