La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley con la finalidad de ampliar hasta 10 días como máximo la detención preliminar o detención judicial por flagrancia en los delitos cometidos por organizaciones criminales, sicariato, extorsión y feminicidio.
La iniciativa en mención, que impulsa el presidente del Congreso, Alejandro Soto, modifica el artículo 264 del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, respecto a los plazos de detención.
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“En los delitos cometidos por organizaciones criminales, sicariato, extorsión y feminicidio, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de 10 días”, se lee en la propuesta.
Actualmente, la detención policial dura 48 horas, mientras que la detención preliminar 72 horas y, en situaciones particulares y cuando se presentan circunstancias de especial complejidad, hasta 7 días.
Para los delitos cometidos en organización criminal, la detención preliminar o judicial por flagrancia puede durar hasta un máximo de 10 días y de hasta 15 días para los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos en organizaciones criminales.
El fundamento
En su proyecto, Soto precisa que lo se busca es evitar una posible fuga de los investigados o dejar crímenes impunes, mientras se va recabando todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos por parte del Ministerio Público.
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“La modificación se propone teniendo en cuenta que la finalidad de la detención preliminar básicamente es asegurar la realización de diversos actos de investigación, los cuáles son necesarios de darse el caso de una futura acusación fiscal”, añade el legislador.
Respecto a los delitos de sicariato, extorsión y feminicidio, se advierte que se ha evidenciado un incremento en la comisión de estos delitos.
Precisamente, solo el año pasado se habría alcanzado a superar más de 400 casos de ataques de sicarios en la capital, mientras que se logró la detención de 289 personas relacionadas con la extorsión en todo el país, lo que representa un incremento del 165% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En cuanto al feminicidio, se incrementó en un 12.2%, al sumar 165 casos frente a los 147 reportados el 2022.
“Lamentablemente, esta ola de incremento de delitos solo nos da muestra que la violencia se perpetra cada vez más en el interior del país, por lo que es necesario reformar los plazos de detención para dichos delitos”, concluye el proyecto.
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