Esta pesquisa se abrió debido a un recurso presentado por el abogado Malzon Urbina en el año 2021, quien acusó a Keiko Fujimori de haber traído millones de dólares provenientes de Suiza para su campaña electoral de ese mismo año.
Esta era una de las investigaciones que aún tenía pendiente el exmandatario, quien actualmente cumple una pena de 25 años de prisión en el marco de los casos Cantuta, Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
¿Cuántas pesquisas abiertas tiene Fujimori? Su abogado, Elio Riera informó a RPP que cuando asumió la defensa del expresidente, hace cerca de dos años, habían aproximadamente 400 investigaciones fiscales en su contra; no obstante, recalcó que al día de hoy solo quedarán unos 25 a 26 casos.
Riera cuestionó que muchas investigaciones que se abrieron contra Fujimori se hicieron con la simple presentación de una denuncia, pero al final terminaron en el archivo.
“Eso denota, en realidad, que se tiene que hacer a futuro una modificación legislativa, porque el hecho de denunciar...por ejemplo, si yo voy a Fiscalía y lo denuncio, usted necesariamente va a tener que verse investigado y tendrá que gastar en recursos, defenderse, declarar ante la Fiscalía, para finalmente demostrar su inocencia, y eso está mal. Tiene que haber una calificación de las denuncias”, señaló.
Respecto a los casos pendientes que afronta Fujimori, agregó que los principales son el caso Esterilizaciones forzadas, Pativilca y el pedido para anular la condena impuesta contra el expresidente en el caso de Samuel Dyer.
Sobre este último tema, dijo que el pedido está a punto de resolverse. “Tengo mucha expectativa en que se resuelva antes de los próximos dos meses, porque los plazos ya han concluido”, anotó.
Indulto humanitario
El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una medida cautelar en donde ordena al Estado peruano abstenerse de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) aprobó un hábeas corpus que ordenaba su inmediata liberación, tras restituirle su indulto humanitario.
Al respecto, Riera enfatizó que la medida impuesta por la Corte IDH fue temporal, por lo que señaló que ya está caduca.
“La defensa, lo que ha solicitado, es la caducidad de la misma (medida cautelar), y hemos pedido al TC que se pronuncie respecto a su autonomía. Estimamos que en menos de un mes puede haber un pronunciamiento”, acotó.