Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, se refirió a la ampliación de extradición del expresidente, aprobado por la Fiscalía de Chile, y sostiene que se va a corroborar que se haya respetado lo establecido en el Tratado de Extradición entre ambos países.
“En Chile existe un Tribunal de Garantías Constitucionales al cual tendremos que recurrir en la medida en que seamos notificados y corroboremos que no se cumplen los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre Perú y Chile”, dijo en una entrevista con RPP.
En ese sentido, dijo que aún no han sido notificados sobre la decisión de la instancia chilena, por lo que se tomará con cautela.
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“Aún no hemos sido notificados con esta resolución de la Corte Suprema de Chile. Debemos de esperar y corroborar que se hayan cumplido los requisitos de procedibilidad al tratado de Perú y Chile, porque si esto no ha sido así se puede cuestionar y es lo que vamos a hacer evidentemente”, añadió.
Por otro lado, Riera consideró que tras el indulto dado al ex presidente en el 2022, debieron haberse suspendido los procesos de extradición por el derecho de gracia.
“En la medida en el que EL TC , en el 2022, emitió una sentencia en dónde indicó que correspondía restituirse los efectos de la Resolución Suprema 281-2017, emitida por el señor Pedro Pablo Kuczynski en dónde se autorizó el indulto y derecho de gracia correspondía a la extinción de los mismos”, anotó.
Corte Suprema de Chile
El día de ayer, la Procuraduría General del Estado peruano informó que la Corte Suprema de Chile aprobó un pedido para ampliar los delitos por los que fue extraditado a Perú el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre de 2007.
La decisión fue tomada el pasado 19 de enero en ocho causas solicitadas por la Justicia peruana por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.
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Aunque la Procuraduría no detalló los casos que implican la comisión de esos delitos, señaló que su pedido fue aceptado al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre ambos países.
Medios locales señalan que entre los casos por los que aún se busca procesar a Fujimori figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999, así como las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, en 1992, y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima, en 1997.
Además, las presuntas esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno y el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
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