El Poder Judicial realizará este miércoles 8 de enero la última audiencia de segunda instancia, sobre el pedido para suspender el proyecto minero Ariana, ubicado en Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín.
Un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran civiles, exautoridades, trabajadores de Sedapal y técnicos especialistas, se pronunciaron en contra de la continuación del proyecto minero, argumentando que representa un riesgo para la provisión de agua de los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.
En ese sentido expresaron su preocupación por el voto dirimente del juez que verá el caso de la demanda de amparo contra este proyecto.
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El proyecto minero Ariana es una explotación minera subterránea de yacimientos de cobre y zinc, que se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, conformado por lagunas, bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas, que alimentan al túnel trasandino Cuevas-Milloc, a través del cual, se transporta el agua a la cuenca del Rímac, representando el 62% del agua que abastece a Lima y Callao en época de estiaje.
El exviceministro José De Echave, quien es parte demandante en este proceso judicial, explicó que no se cuestiona la importancia de la minería, pero si la afectación a este importante sistema hídrico. “No estamos en una lógica anti minería. Lo que estamos es preocupados, con mucha legitimidad, porque se pretende afectar con un proyecto (minero) de estas características, a un sistema que es fundamental” expresó De Echave, añadiendo que el sistema hídrico de Marcapomacocha está considerado como un activo crítico del Estado y que por lo tanto debería ser intangible.
“Nos dirigimos al juez, pedimos que evalúe seriamente el caso, porque lo que está en riesgo es el derecho al agua para todos los limeños y limeñas, y también para los chalacos y chalacas”, expresó Ana Leyva, abogada de CooperAcción. “Hay una alta posibilidad de que se afecte el túnel trasandino, o que se produzcan filtraciones y se contamine la calidad del agua. Esperamos que se haga justicia y que se haga prevalecer el bien superior que es el derecho al agua, la salud y la vida”, puntualizó.
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“Lima es una ciudad desértica. Si no fuera por el agua que viene de la sierra central, Lima sería una población que no tendría agua”, recordó Luisa Eyzaguirre, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL)”. “Tenemos 650 mil personas que no cuentan con el servicio de agua en Lima. ¿Existe la posibilidad de dotar de agua a esta población cuando estás teniendo el riesgo de implementar un proyecto de estas características, totalmente lesivo a los intereses de la gente? Definitivamente no” señaló.
Por su parte, la excongresista por Lima, Marisa Glave, señaló que “en el juicio se ha declarado formalmente que la evaluación de la Autoridad Nacional del Agua no incluyó una valoración de la calidad y cantidad de agua para Lima, ni del uso del sistema Marcapomacocha para el trasvase de agua a la ciudad de Lima”. “Es decir que nadie, en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, ha hecho una evaluación seria sobre los posibles impactos de este proyecto minero para el abastecimiento de agua de Lima”, remarcó la ex congresista, quien también es parte demandante en el proceso judicial.
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Hitos clave del proyecto minero y el proceso judicial
En el 2016, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Ariana de la empresa minera Southern Peaks Mining, ignorando las alertas y observaciones de Sedapal, que les hizo llegar antes y después de aprobar este estudio. Entre 2014 y 2020, la empresa de abastecimiento de agua, presentó por lo menos 7 cartas, informes y documentos al MINEM con objeciones técnicas al proyecto minero, pero estas no fueron tomadas en cuenta.
En el 2019, el exviceministro José de Echave y las excongresistas Marisa Glave y Kathia Gilvionio, con el apoyo de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal, interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero Ariana, presentando una serie de indicios razonables que muestran que la construcción de la mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en el sistema de Marcapomacocha pondrían en riesgo las fuentes de agua de la zona.
Resultado de esta iniciativa legal, en enero del 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente.
Una decisión que fue apelada por la empresa minera y el Estado peruano, pasando el caso a la sala constitucional de Lima, como segunda instancia. En esta sala ya se han pronunciado los magistrados Ordóñez y Tapia a favor de la suspensión del proyecto minero y la nulidad de las resoluciones que lo autorizaron; y los magistrados Cueva y Suárez que se han manifestado en sentido contrario. Por lo que el voto dirimente que se verá en la audiencia de mañana, miércoles, será clave para la seguridad hídrica de Lima y Callao.