OCDE: Osiptel implementó sistema de análisis de impacto regulatorio

El informe final de evaluación del progreso de desempeño institucional, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) implementó con éxito el sistema de análisis de impacto regulatorio (AIR) y lo viene aplicando en casi todas sus regulaciones desde el 2018.

Cabe señalar, que la noción de calidad regulatoria establece que las regulaciones deben seguir los principios claves de consulta pública, transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones basada en datos. Así, al cierre de 2022, el Osiptel había emitido 83 normas bajo el enfoque del AIR.

“Siguiendo las mejores prácticas y recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, en el 2018 aprobamos los lineamientos de calidad regulatoria, que establecen el análisis previo de la emisión de una norma y con ello asegurar su impacto positivo”, señaló el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz.

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Según el informe de la OCDE, el regulador peruano estableció la Comisión de Revisiones Ex Post y elaboró un calendario para las próximas revisiones durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023.

Al respecto, Muente indicó que el AIR establece también una revisión ex post a efectos de determinar si la regulación establecida cumplió su propósito. “La revisión normativa ex post de las regulaciones implementadas por el Osiptel muestra resultados positivos tanto para el mercado como para los usuarios”, destacó.

Como ejemplo, refirió que la medida implementada para regular el servicio de televisión de paga (sobre comercialización de decodificadores y plazos de permanencia para financiar instalación y equipamiento) generó un ahorro estimado de S/ 269 millones para los usuarios, de mayo 2018 a junio 2021.

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Asimismo, entre enero 2021 y junio 2022, las normas especiales para el servicio de acceso a internet fijo de Telefónica del Perú, generaron un beneficio social de alrededor S/ 21 millones anuales, producto de las bajas, migraciones y suspensiones temporales, así como del efecto indirecto sobre la intensidad competitiva.

También refirió que, en el año 2018, se adoptaron medidas extraordinarias para agilizar el procedimiento de reclamos, ante la congestión de trámites en primera y segunda instancia, así como hacer frente a los reclamos presentados con mala fe procesal.

Finalmente, Muente indicó que la evaluación ex post determinó efectos positivos de las medidas extraordinarias en los tres años de implementación, evitando trámites innecesarios provenientes de la mala fe procesal en una cantidad de por lo menos 3.49 millones de reclamos en primera instancia y 0.63 millones de expedientes en segunda instancia, lo que ha generado un ahorro en costos sociales de S/ 99.5 millones.

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