El alcalde electo de San Miguel Eduardo Bless, anunció que una de las primeras acciones en su gestión que se inicia el 1 de enero del año 2023, es volver a reiniciar las gestiones para que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, sea reubicado a otro lugar fuera de su distrito.
Como es público desde el 2018, los residentes de este distrito han protestado contra el recinto de reinserción social administrado por el Poder Judicial, pero siguen sin obtener respuesta. La actual gestión municipal señala que de concretarse esta reubicación el terreno sería de utilidad para la comunidad.
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Bless, próximo burgomaestre, indicó que esta exigencia de reubicación de ‘Maranguita’, es a causa de los problemas que causa en la tranquilidad de los vecinos de esta zona. “Muchas veces, son testigos de revueltas, reyertas que ponen en peligro la vida de los internos y fugas de los internos, que pone en peligro la seguridad de la gente de los alrededores de la zona de la Costanera”, señaló el burgomaestre de San Miguel electo.
El alcalde recordó que en su primera gestión edil (2015-2018), encabezó el pedido de los vecinos, respecto al traslado de ese centro penitenciario hacia otro lugar adecuado. En esa oportunidad, la comuna sugirió que ‘Maranguita’ sea reubicado al local del ex penal de San Jorge, ubicado en el centro de Lima, que está sin utilizar o la construcción de un nuevo Centro Juvenil en terrenos fuera del casco urbano como en Carabayllo, Ancón o Puente Piedra.
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Asimismo, señaló que, cuando estaba al frente de la Municipalidad de San Miguel participó en la instalación de la primera Mesa de Trabajo que abordó este preocupante tema, convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros y se trataron cinco puntos, entre ellos: la culminación de la transferencia de la Gerencia de Maranguita del Poder Judicial al Ministerio de Justicia; se planteó que se continúe con el traslado de los internos mayores de edad al penal Ancón II.
Además, en esos grupos de trabajo se planteó que los internos que son de provincia sean trasladados a penales de su zona de origen para que estén más cerca de su familia; se habló del uso del terreno; como punto final se trató de las acciones inmediatas para la mejora de la salud y resocialización de los internos. Sin embargo, las coordinaciones quedaron truncas.
“Este establecimiento no cumple con los servicios básicos requeridos, carece de un adecuado sistema de servicios higiénicos, existe una falta de señalización de las zonas de evacuación en casos de emergencia. También presenta deficiencias en sanidad y existe hacinamiento, actualmente hay más de un millar de internos cuando el centro fue construido para albergar a 390 personas. Por eso urge que el gobierno atienda nuestro pedido”, acotó.